Un estudio de Trifolia muestra que las municipalidades enfrentan mayor responsabilidad por accidentes en veredas, plazas y parques. Hay condenas que superan los $400 millones por lesiones graves o fallecimientos.
Los municipios tienen un deber activo de resguardar la seguridad en espacios públicos. Aunque haya contratistas, deben supervisar, mantener y advertir riesgos.
La Corte de Talca condenó a la Municipalidad de San Javier a pagar $25,9 millones a una mujer que sufrió fractura de húmero por un hoyo en vereda sin señalización.
Visión del experto
Javier Ramírez (Trifolia): “Los tribunales amplían el concepto de falta de servicio. El municipio tiene deber activo de supervisión, aunque existan contratistas”.
Varias comunas ya refuerzan inspección, señalización y respuesta a denuncias. La seguridad en espacios públicos está en la mira judicial.
