En una entrevista con Cristina González en La Mañana de Agricultura, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, expuso la situación crítica que enfrenta el Campamento Dignidad, asentamiento irregular en su comuna afectado recientemente por un incendio que dejó a muchas familias en condiciones de extrema vulnerabilidad.
Carter explicó que el campamento, ubicado en una zona con riesgo aluvional, se formó en 2019 durante el estallido social, y desde entonces, el municipio ha advertido sobre el peligro que representa esta ocupación. Recordó que en 1993 un aluvión en el mismo sector cobró 20 vidas, lo cual, señaló, evidencia los riesgos para los actuales residentes.
El edil señaló que las condiciones en el campamento no solo son peligrosas en términos ambientales, sino también en cuanto a seguridad. A su juicio, muchas de estas ocupaciones actuales están controladas por narcotraficantes y redes de crimen organizado, una realidad que según él contrasta con las tomas de terreno de las décadas pasadas. “Las tomas de hoy no son las mismas de los años 60 y 70, ahora están controladas por el narcotráfico y el crimen organizado”, comentó. El regidor destacó el temor constante de los vecinos por los tiroteos y fuegos artificiales que irrumpen en sus hogares, y que, según el alcalde, generan un clima de violencia en la zona.
El alcalde mencionó que en 2021 el exministro Juan Carlos García acordó con la municipalidad trasladar a las familias en riesgo a terrenos seguros, ofreciendo incluso apoyo económico desde el municipio para los arriendos provisionales. Sin embargo, a casi cuatro años de dicho acuerdo, Carter indicó que el Gobierno no ha cumplido su compromiso de realizar un desalojo progresivo ni ha propuesto soluciones concretas. Según Carter, el municipio accedió a postergar la medida bajo la condición de recibir respuesta en un plazo de 60 días, pero desde entonces no ha habido avances. “Nosotros dijimos al subsecretario Monsalve que accederíamos a su solicitud de postergar el uso de la fuerza, pero bajo la condición de hallar una solución en un plazo máximo de 60 días”, afirmó.
A raíz del reciente incendio, la municipalidad habilitó albergues para las familias afectadas; sin embargo, Carter informó que ninguno de los residentes acudió. Explicó que varios líderes dentro del campamento habrían desincentivado la ayuda, instruyendo a las familias para que no aceptaran albergues, en una aparente muestra de oposición a la autoridad. Además, el ex UDI señaló que en la toma se han encontrado casos de personas que poseen propiedades propias y otras que incluso comercializan terrenos dentro del campamento en redes sociales. “Nos hemos encontrado con familias que ya tenían casa y otras que venden propiedades dentro de la toma a través de redes sociales”, detalló.
Finalmente, Carter manifestó su descontento con lo que percibe como una falta de voluntad por parte del Gobierno para abordar la situación. Para él, el campamento continúa poniendo en peligro la vida de sus residentes, en un terreno inseguro y sin los servicios adecuados, con una alta exposición a desastres naturales y a la violencia. Criticó lo que describió como una actitud permisiva de las autoridades frente a las tomas, y reiteró su llamado a encontrar soluciones efectivas para las familias que residen en condiciones precarias en el Campamento Dignidad.
