Los alcaldes de Mulchén, José Miguel Muñoz; Quilaco, Pablo Urrutia; y Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, coincidieron en que la Ley de Seguridad Municipal reconoce formalmente el papel que cumplen los gobiernos locales en la prevención del delito. Sin embargo, recalcaron que la nueva normativa debe considerar las desigualdades operativas y financieras existentes entre las comunas del país.
La legislación refuerza las atribuciones de los inspectores municipales, habilita patrullajes preventivos, mejora el equipamiento de protección y promueve una mayor colaboración con Carabineros y el Ministerio Público. No obstante, los jefes comunales alertaron que una aplicación homogénea podría generar sobrecarga institucional, especialmente en territorios rurales y con alta dispersión geográfica.
Desafíos en comunas rurales y brechas estructurales
En comunas como Mulchén y Quilaco, caracterizadas por extensas zonas rurales, los alcaldes advirtieron que la Ley de Seguridad Municipal no contempla medidas específicas para enfrentar delitos que afectan de manera permanente a estos territorios, como el abigeato, el robo de cables, los robos a la propiedad rural y problemáticas asociadas al consumo y tráfico de drogas.
A estas dificultades se suman brechas en telecomunicaciones y conectividad, las que dificultan una respuesta oportuna frente a hechos delictuales en sectores alejados de los centros urbanos. En ese contexto, las autoridades subrayaron la necesidad de fortalecer las centrales de cámaras, tanto en infraestructura tecnológica como en personal capacitado, considerando su rol estratégico en la prevención y el apoyo a la labor policial.
“No basta con fortalecer atribuciones si no se contemplan los recursos necesarios”
Otro punto crítico identificado es la ausencia de un financiamiento permanente y diferenciado, que considere variables como la extensión territorial, la dispersión geográfica y los mayores costos operativos de las comunas rurales. Sin estos elementos, advirtieron, la implementación de la Ley de Seguridad Municipal corre el riesgo de traspasar nuevas responsabilidades sin generar mejoras reales en seguridad.
El alcalde de Mulchén, José Miguel Muñoz, valoró el avance legislativo, pero fue enfático en sus advertencias. “Valoramos que se reconozca el rol de los municipios en la prevención, porque somos la primera línea frente a los problemas de seguridad. Pero no podemos aceptar que se nos traspasen más responsabilidades sin financiamiento estable ni protección adecuada para nuestros funcionarios. La seguridad no puede seguir descansando solo en los municipios”, afirmó.
Desde el sur del país, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, sostuvo que la normativa debe traducirse en acciones concretas. “Es fundamental que la Ley de Seguridad Municipal se convierta en una herramienta realmente efectiva. No basta con fortalecer atribuciones si no se contemplan los recursos necesarios para su implementación”, señaló, agregando que “la seguridad es una responsabilidad compartida y no puede recaer exclusivamente en los municipios”.
En la misma línea, el alcalde de Quilaco y presidente de AMCORDI, Pablo Urrutia, advirtió que la aplicación de la ley en comunas rurales presenta desafíos adicionales que deben abordarse para evitar efectos contraproducentes.
Finalmente, los alcaldes llamaron al Gobierno y al Congreso a que la implementación de la Ley de Seguridad Municipal considere las particularidades territoriales, refuerce la infraestructura tecnológica y la conectividad rural, y garantice financiamiento adecuado y permanente, de modo que la seguridad pública sea abordada como una tarea compartida del Estado.
