El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal recibió el primer informe elaborado por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno (CAIGG), en el que se identificaron alertas de riesgo en el uso de recursos fiscales.
El análisis considera información de más de 500 servicios públicos, abarcando el periodo entre 2025 y el 10 de marzo de 2026, tras el trabajo de más de mil auditores internos del Estado.
Desde el Ejecutivo enfatizaron que estas situaciones no constituyen irregularidades concluidas, pero sí representan señales que requieren revisión en profundidad.
Transferencias millonarias y convenios bajo la lupa
Entre los principales hallazgos, se detectaron transferencias y convenios por más de USD 140 millones dirigidos a entidades con menos de un año de antigüedad.
Además, se identificaron más de 1.000 convenios completamente pagados que presentan montos no rendidos superiores a USD 50 millones, lo que activó nuevas alertas.
También se observaron asignaciones de recursos a programas con evaluaciones deficientes, lo que refuerza la necesidad de análisis.
Aumento de contrataciones y patrones de compra
El informe advierte la incorporación de más de 2.500 funcionarios a plantas de servicios durante los últimos meses de 2025.
A esto se suman más de 1.000 contratos con compromisos fiscales de mediano y largo plazo, firmados entre julio de 2025 y febrero de 2026.
En paralelo, se detectaron más de 65.000 compras bajo modalidad “Compra Ágil”, donde un mismo proveedor fue contratado varias veces en un mismo día, lo que podría indicar fragmentación de adquisiciones.
Licencias médicas y movimientos de personal
Otro punto relevante es la identificación de cerca de 100.000 trabajadores con licencias médicas superiores a un mes, incluyendo más de 1.000 casos que superan el año.
Asimismo, se detectaron traspasos masivos de personal desde honorarios a contrata en los meses finales del periodo analizado.
“No son irregularidades, pero sí alertas”
La subsecretaria de la Segpres, Constanza Castillo, explicó el alcance del informe. “Dichas situaciones no constituyen por sí mismas irregularidades concluidas, pero sí representan alertas de riesgo que justifican su revisión en profundidad”, afirmó.
Además, destacó que se trata de un proceso inédito, basado en el análisis de más de 213 millones de registros de datos. El trabajo de auditoría continúa con nuevas etapas de recopilación y análisis de información.
Los auditores deberán remitir antecedentes correspondientes a años anteriores, para luego avanzar en la consolidación de hallazgos y definición de focos críticos.
Posteriormente, se evaluará la eventual derivación de antecedentes a otros organismos, en caso de ser necesario.
