La diputada Francesca Muñoz (PCC) valoró el avance legislativo de un proyecto de ley que busca restringir el acceso a subsidios habitacionales y otros beneficios estatales a personas condenadas por delitos de usurpación. La iniciativa continúa su tramitación en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados y forma parte de las propuestas impulsadas para enfrentar el aumento de ocupaciones ilegales de inmuebles en distintas zonas del país.
La propuesta legislativa fue presentada en mayo de 2023 y tiene como objetivo fortalecer los mecanismos de asignación de ayudas habitacionales, priorizando a quienes cumplen con los requisitos establecidos por la ley para acceder a una vivienda.
El proyecto plantea una modificación a la Ley N°16.391, que creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. De aprobarse, las personas condenadas por delitos de usurpación no podrán recibir subsidios habitacionales ni beneficios similares otorgados por organismos públicos durante un período de diez años desde que la sentencia quede ejecutoriada.
Además, la iniciativa establece que quienes reincidan en este tipo de delitos enfrentarán una ampliación de la sanción, aumentando la prohibición en cinco años adicionales.
Iniciativa surge en medio del debate por las ocupaciones ilegales
Entre los antecedentes considerados para impulsar el proyecto figura la ocupación de cerca de 200 departamentos sociales registrada en San Pedro de la Paz durante 2023. Ese hecho afectó viviendas próximas a ser entregadas a familias beneficiarias y generó daños materiales y robos en los inmuebles.
La moción también toma en cuenta el incremento de ocupaciones irregulares en terrenos fiscales y privados, así como el déficit habitacional que enfrenta el país. Según la parlamentaria, este escenario exige resguardar la correcta asignación de los beneficios estatales destinados a quienes esperan una solución habitacional.
Francesca Muñoz sostuvo que la propuesta busca entregar una señal clara respecto del respeto a las normas y a los procesos establecidos para acceder a una vivienda.
“el Estado debe estar del lado de las familias que cumplen las reglas y no de quienes las vulneran. Hay miles de chilenos que llevan años esperando una vivienda, reuniendo antecedentes, postulando y siguiendo todos los procedimientos establecidos. No es justo que quienes optan por la usurpación de terrenos o viviendas pretendan acceder a los mismos beneficios que quienes han actuado dentro de la ley”, afirmó Francesca Muñoz, diputada del Partido Cristiano Ciudadano (PCC).
Diputada destaca continuidad de la tramitación
La legisladora también destacó que la iniciativa continúe avanzando en el Congreso después de tres años de discusión parlamentaria.
“esta iniciativa siga avanzando después de tres años de tramitación porque responde a una demanda de sentido común. Las políticas habitacionales deben premiar el esfuerzo, la responsabilidad y el respeto por las normas. Ese es el mensaje que queremos entregar a las miles de familias que esperan legítimamente una solución habitacional y que merecen que el Estado las ponga en primer lugar”, señaló Francesca Muñoz, diputada del Partido Cristiano Ciudadano (PCC).
Actualmente, el proyecto permanece en análisis en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja. En esa instancia, los parlamentarios deberán continuar su discusión antes de que la propuesta avance a las siguientes etapas del proceso legislativo.
De prosperar la iniciativa, las nuevas restricciones para acceder a subsidios habitacionales se incorporarían a la legislación vigente como una medida orientada a proteger los programas estatales y fortalecer los criterios de asignación de beneficios destinados a las familias que cumplen con los procedimientos establecidos por la ley.
