Este domingo se dieron a conocer los resultados de la primera encuesta Cadem del mes de octubre, la cual refleja un profundo malestar ciudadano respecto al sistema político y judicial en Chile. Según el sondeo, un 90% de los encuestados manifestó su insatisfacción con el sistema político, mientras que el 92% expresó una opinión similar sobre el sistema judicial.
El descontento generalizado ha impulsado un mayor interés por realizar reformas en ambas áreas. De acuerdo con la encuesta, un 74% de los participantes considera “muy importante” que el Congreso avance en una reforma al sistema político, lo que representa un incremento de 9 puntos en comparación con mediciones anteriores. Solo un 9% cree que dicha reforma es “algo importante”, y otro 9% la considera poco o nada relevante.
Entre las reformas políticas más demandadas, la reducción del número de parlamentarios lidera con un 43% de apoyo ciudadano. En segundo lugar, se encuentra la limitación del número de partidos políticos, con un 23%, lo que refleja un aumento de 10 puntos porcentuales. Ampliar la participación ciudadana en el proceso legislativo es otra prioridad para el 12% de los encuestados, aunque ha disminuido en 8 puntos.
Otras reformas que se mencionan con menor frecuencia incluyen fortalecer la relación entre el gobierno y el Congreso (8%), mejorar la gobernabilidad (4%) y castigar a los parlamentarios que renuncian a sus partidos (2%). Solo un 1% considera relevante la implementación de paridad de género en la elección de parlamentarios.
Reformas al sistema judicial
En cuanto al sistema judicial, la encuesta revela que la principal preocupación ciudadana es fortalecer la seguridad pública a través de correcciones a la reforma procesal penal, con un 44% de los encuestados señalando esta medida como prioritaria. Además, un 20% aboga por cambiar el sistema de nombramiento de jueces, mientras que un 9% considera importante reducir los tiempos y costos de los juicios mediante la reforma procesal civil.
Otras propuestas incluyen reformar las actuaciones y nombramientos de fiscales (7%), modificar el sistema de nombramiento de notarios (7%) y asegurar el acceso equitativo a la justicia (5%). Un 8% de los encuestados no se inclina por ninguna de estas propuestas o prefiere no responder.
