A pocas horas de que el Senado vote y despache a ley el proyecto de fraccionamiento pesquero, la empresa Camanchaca confirmó que llevará el caso a la justicia, alegando un grave perjuicio económico ante los cambios que propone la normativa. La ley, aprobada ayer en la Cámara por 122 votos a favor, redistribuye las cuotas de captura, aumentando la participación del sector artesanal y reduciendo la de la industria.
En un comunicado, el gerente general de Camanchaca, Ricardo García, sostuvo que la norma representa “un golpe durísimo” para el sector, particularmente porque anticipa en siete años los cambios que estaban previstos originalmente para 2032. “La industria pesquera ha sido golpeada duramente por esta ley (…), lo que conlleva un perjuicio económico enorme”, afirmó.
Impacto en producción, empleo y contratos internacionales
García alertó que las empresas de la Región del Biobío serán doblemente afectadas, ya que, además de la reducción de cuotas, deberán enfrentar un arancel de más del 30% sobre importaciones de cuotas extranjeras de jurel. A juicio del ejecutivo, esto “afectará directamente la actividad, el empleo y los tributos a la renta” generados por el segmento más intensivo en mano de obra del sector.
“En el caso de Camanchaca, significará una caída superior al 20% en la producción de jurel para consumo humano, y ese menor volumen va directo a pérdida de industrialización y empleo regional”, señaló. También advirtió sobre el riesgo en los contratos internacionales ya suscritos, que no contemplaban aranceles y ahora podrían verse comprometidos.
En ese contexto, García fue enfático: “Es inaceptable que se cambie lo que la ley estableció hace más de 12 años, con severo perjuicio y sin compensación. Se genera un daño patrimonial grave y exigir una indemnización es lo justo”.
Por último, el gerente general cuestionó la legitimidad de la reforma: “El Estado cambió las reglas anticipadamente para beneficiar a un grupo de pescadores semi industriales a costa del patrimonio de los industriales. Ante esto, no nos queda otra opción que acudir a la justicia para solicitar una indemnización que repare el daño causado a nuestros accionistas, entre los cuales hay fondos de pensiones que representan a más de seis millones de afiliados”.
