Con 81 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles el informe final de la comisión investigadora del caso ProCultura, una de las aristas más relevantes del caso Convenios. El documento, elaborado entre noviembre de 2024 y marzo de este año —antes de que salieran a la luz nuevas filtraciones como las conversaciones del director ejecutivo Alberto Larraín o la salida del fiscal Patricio Cooper—, revela un patrón sistemático en la asignación directa de fondos públicos a la fundación, apuntando a una red de vínculos políticos, falta de fiscalización y tercerizaciones cuestionables.
Posible mecanismo de desvío de fondos y vínculos afectivos
El informe, liderado por el diputado Andrés Longton (RN), sostiene que la fundación ejecutó 30 convenios desde 2019, movilizando más de $6.000 millones provenientes de ministerios, gobiernos regionales y municipios en al menos siete regiones del país. Según el texto, “los antecedentes recabados permiten apreciar un posible modus operandi sistemático, caracterizado por la asignación directa de fondos, una deficiente fiscalización administrativa, debilidades en los procedimientos internos y frecuente tercerización de actividades hacia empresas vinculadas con la fundación”.
Se detectó también “una vinculación política o cercanía afectiva, constituyendo así un potencial mecanismo de desvío y defraudación de fondos públicos”.
El informe es claro en establecer que los hechos vinculados a la fundación “no constituyen casos aislados o excepcionales, sino más bien una problemática recurrente y sistémica que involucra diversas instituciones y actores públicos”.
Críticas a instituciones y autoridades
Uno de los puntos más duros del documento es su diagnóstico sobre las capacidades del Estado: “Existe una clara incapacidad demostrada por las instituciones públicas para recuperar efectivamente los cuantiosos recursos públicos asignados irregularmente a la Fundación ProCultura”.
Según se advierte, hay “severas deficiencias administrativas, jurídicas y procedimentales que han dificultado notablemente la posibilidad real para defender y rescatar oportunamente el patrimonio fiscal”.
El informe apunta a responsabilidades directas del exsubsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi; del Ministerio de Vivienda; y del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.
El presidente de la comisión investigadora, Andrés Longton, fue categórico tras la votación:
“Aprobamos por amplia mayoría un informe lapidario y contundente. Solo unas pocas abstenciones de izquierda en un documento que establece responsabilidades claras de una fundación que, de la noche a la mañana, se aprovechó de este gobierno para sacar provecho de relaciones íntimas de cercanía o amistad, defraudando a los más vulnerables y apropiándose con facilidad de recursos públicos”, señaló el parlamentario.
