El caso Procultura, una de las aristas del caso Convenios, enfrenta nuevas trabas judiciales que dificultan el avance de la investigación penal.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se negó a entregar antecedentes clave al Ministerio Público, invocando el secreto profesional de abogado.
Esta negativa se suma a las dificultades internas en la Fiscalía, que ya ha visto salir a dos equipos persecutores del caso: Carlos Palma en Magallanes y Patricio Cooper en Coquimbo.
A eso se agrega la falta de respaldo por parte del CDE para presentar querella contra el gobernador metropolitano Claudio Orrego, y el rechazo a compartir información de las causas civiles.
En un oficio reservado, el CDE respondió que los datos solicitados forman parte de juicios civiles en curso y son parte de la defensa judicial del fisco.
Entre ellos, se mencionan las causas seguidas ante el Primer Juzgado Civil de Antofagasta y el 8° Juzgado Civil de Santiago.
El organismo aseguró que los antecedentes solicitados están protegidos por el secreto profesional, incluyendo informes técnicos y fundamentos jurídicos usados para demandar a Fundación Procultura.
Asimismo, citaron una resolución de la Corte Suprema, que estableció que dicha información no puede hacerse pública ni entregarse a otros organismos.
Desde la Fiscalía explican que incluso trámites básicos, como solicitar el desafuero de Orrego, se han vuelto complejos debido a estas limitaciones.
El caso Procultura se investiga por un presunto fraude al fisco, similar al mecanismo visto en Democracia Viva y otras fundaciones ligadas a partidos oficialistas.
En el Ministerio Público reconocen que existe claridad respecto al modo de operar de estas entidades, pero insisten en que las trabas legales están retrasando el proceso.
