En el programa “Con diálogo es Distinto” de Radio Agricultura, conducido por Pablo Zalaquett, se abordó el preocupante avance del crimen organizado en Chile, con especial foco en la institución de Gendarmería y el sistema penitenciario.
En la conversación participaron Luis González, coronel en retiro y exsubdirector operativo de Gendarmería de Chile; Pablo Zeballos, consultor internacional en materias de seguridad; Pilar Lizana, académica de la Universidad Adolfo Ibáñez y experta en crimen organizado; y Pía Greene, investigadora del Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián.
Zalaquett contextualizó con cifras: más de 7.000 sumarios internos en Gendarmería desde 2020, con 3.900 aún abiertos, y denuncias que incluyen extorsión, tráfico de drogas, abuso sexual e ingreso de elementos prohibidos. Además, un 15,7% de la población penal es extranjera, con 1.200 internos sin identificación confirmada.
Durante el diálogo, Pablo Zeballos recalcó que el problema no es exclusivo de Chile, sino parte de un patrón regional e incluso global. “En muchos países, las cárceles han pasado a ser verdaderos centros de operaciones del crimen organizado, donde quienes realmente controlan el recinto no son las autoridades, sino los propios criminales. Esto provoca que los internos primerizos se vean forzados a elegir entre pagar extorsiones o integrarse a las bandas que dominan el lugar, lo que alimenta el crecimiento de organizaciones como el PCC en Brasil o el Tren de Aragua en nuestra región”, señaló, subrayando que las decisiones para revertir esta situación deben ser de Estado y no únicamente de Gendarmería.
En esa línea, Pilar Lizana advirtió que el tipo de criminal que llega a Chile exige un sistema penitenciario mucho más robusto. “No estamos hablando de delincuentes comunes que cumplen una condena y salen, sino de grupos altamente complejos que se fortalecen en prisión y que saben quebrar sistemas debilitados. Un grupo pequeño, pero con control interno, puede marcar la diferencia entre recuperar o perder por completo el control de nuestras cárceles. Por eso, más que preocuparnos solo por el hacinamiento, debemos prepararnos para enfrentar esta nueva realidad criminal”, afirmó.
De igual manera Pía Greene coincidió en que Gendarmería enfrenta una presión inédita. “Claro que hay funcionarios corruptos, como en muchas instituciones, pero eso no significa que toda la institución lo sea. El riesgo es mayor porque los gendarmes conviven a diario con personas ligadas al crimen organizado, lo que aumenta la posibilidad de extorsiones y amenazas”, comentó.
“El caso reciente en que un gendarme fue intimidado con una corona de flores y disparos en su calle es una señal alarmante: ya no es solo un problema dentro de la cárcel, sino uno que se expande hacia la comunidad”, explicó Greene.
Por su parte, Luis González profundizó en las causas estructurales de la crisis. “Esto es el resultado de un abandono estatal que viene de décadas. No es un tema de un gobierno, sino de una falta de política pública sostenida. Infraestructura deficiente, salarios bajos, normas pensadas para funcionarios de oficina… todo eso hace que los gendarmes sean más vulnerables a la corrupción. Y no olvidemos que el recurso más valioso que tiene Gendarmería son sus funcionarios, que a pesar de todas las carencias logran mantener cierto orden y seguridad en las cárceles”, sostuvo.
La discusión avanzó hacia posibles reformas, donde varios coincidieron en que Gendarmería debería dejar de ser un servicio público y convertirse en una institución del Estado, con un estatus similar al de las Fuerzas de Orden y Seguridad, eliminando los sindicatos y fortaleciéndola con un marco legal que le permita enfrentar de mejor manera el crimen organizado.
“Si queremos que esta sea la gran institución que lidere la lucha contra el crimen organizado desde las cárceles, no podemos seguir tratándola como un servicio más. Se necesita un cambio profundo, que incluya inteligencia penitenciaria integrada al sistema nacional y una política de protección a los funcionarios frente a las amenazas”, concluyó Zalaquett.
