Con 119 votos a favor y 5 abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados despachó a ley la esperada reforma al sistema de adopciones, una iniciativa que llevaba casi 12 años en tramitación y que busca modernizar, simplificar y humanizar los procesos de adopción en Chile. Desde el Ejecutivo calificaron el avance como un “paso sustantivo” para garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a vivir en familia.
El corazón del proyecto está en agilizar procedimientos judiciales, reducir la fragmentación del sistema actual y centrar todas las decisiones en el interés superior del niño o niña. Actualmente, una adopción puede tardar en promedio cuatro años, con procesos paralelos en distintos tribunales, duplicidad de gestiones y sentencias que incluso pueden resultar contradictorias.
Fin a la preferencia automática por matrimonios y nuevo enfoque integral
Uno de los puntos más relevantes de la nueva legislación es que elimina la prelación rígida que favorecía automáticamente a matrimonios (heterosexuales u homosexuales) como familias adoptivas. A partir de ahora, se priorizará a quienes puedan ofrecer el entorno más adecuado para el desarrollo y bienestar del menor, sin importar el estado civil o tipo de conformación familiar.
La reforma establece un único procedimiento judicial, que abarcará desde las primeras medidas de protección hasta la adopción, con etapas como la revinculación familiar, la cual tendrá un plazo máximo de 12 meses. Si la reintegración del menor a su familia de origen no es posible, entonces se podrá declarar su adoptabilidad de forma subsidiaria, evitando así prolongadas estadías en residencias o sistemas de acogida.
Además, se modernizan procesos como la cesión voluntaria con fines adoptivos y se incluye un procedimiento de integración, para que un integrante de una pareja pueda adoptar al hijo o hija del otro, cuando el otro progenitor no esté presente o legalmente reconocido.
La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, celebró el despacho afirmando que “se trata de garantizar el bienestar y el derecho a vivir en familia, de poner en el centro el interés superior del niño, niña o adolescente”. Y agregó: “Los más vulnerados no pueden seguir esperando”.
