El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) recibió cuestionamientos por supuestos atrasos en pagos a constructoras y proveedoras en distintas regiones del país.
Según Diario Financiero, la deuda superaría los US$1.000 millones, cifra que la cartera de Carlos Montes negó, señalando que corresponde a una proyección de gasto y no a obligaciones impagas.
La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) advirtió que los retrasos son reales y que algunas empresas acumulan pagos pendientes de hasta 60 días, lo que afecta a obras financiadas con subsidio estatal.
El gremio sostuvo que los problemas se concentran en la Región Metropolitana y Maule, en proyectos vinculados a los programas DS49 y DS19.
El presidente de la CChC, Alfredo Echavarría, llamó al Gobierno a asegurar un presupuesto habitacional sostenible, alertando que el aumento de costos y la demanda creciente podrían paralizar nuevas iniciativas.
A las críticas se sumó el empresario Felipe Ramírez Núñez, quien denunció una deuda de $350 millones por obras en dos hospitales de la RM. “El Estado nos exige empresas sanas para licitar, pero no paga a tiempo”, reclamó en carta a El Mercurio.
