Un informe de la Contraloría General de la República detectó que 485 funcionarios públicos permanecieron bajo suspensión preventiva entre enero de 2020 y marzo de 2026, periodo durante el cual continuaron recibiendo sus remuneraciones completas mientras se desarrollaban los respectivos procesos administrativos.
El análisis puso especial atención en la duración de estos procedimientos. Según el catastro, 30 funcionarios acumularon más de tres años de suspensión, mientras que en 13 casos el periodo superó los cuatro años.
Más de $671 millones en remuneraciones
La extensión de los procesos también significó un importante desembolso para el Estado. De acuerdo con el informe, los 10 casos con las suspensiones más prolongadas representaron un gasto estimado de $671.426.189 en remuneraciones correspondientes a periodos en que los funcionarios no desempeñaron sus labores.
Las mayores demoras fueron identificadas en el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) y en distintos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Dentro de los casos señalados aparece una suspensión de 4 años y 7 meses en Mejor Niñez, mientras que en el SLEP Santiago Centro se registró otra que alcanzó los 4 años y 6 meses.
El organismo fiscalizador también detectó situaciones adicionales que deberán ser revisadas por las instituciones. Según los antecedentes analizados, 22 funcionarios habrían desarrollado actividades remuneradas durante sus periodos de suspensión, de acuerdo con información del Servicio de Impuestos Internos.
A ello se suman otros 25 casos de funcionarios que aparecían en registros de viajes al extranjero o asistencia a casinos mientras utilizaban licencias médicas.
Frente a los hallazgos, Contraloría estableció un plazo de cinco días hábiles para que los organismos entreguen los 30 sumarios que superan los tres años de tramitación. Además, otorgó 15 días para iniciar procedimientos disciplinarios y evaluar eventuales responsabilidades administrativas.
