La Contraloría General de la República iniciará una investigación sumaria en la Municipalidad de Arica por eventuales irregularidades detectadas en el uso de un vehículo fiscal por parte del chofer del alcalde de la comuna.
Los hechos ocurrieron el 14 de mayo de 2026, cuando, tras participar en una actividad oficial, el funcionario habría utilizado el automóvil municipal para fines presuntamente ajenos a los institucionales. Los antecedentes fueron analizados por la Contraloría Regional de Arica y Parinacota en el Informe de Investigación Especial N.° 460 de 2026.
Según se señala en dicho informe, el conductor se habría trasladado en el vehículo municipal, destinado exclusivamente al transporte del alcalde, a una actividad de carácter personal, donde presuntamente consumió alcohol. Posteriormente, aparece consignado como protagonista de una colisión con otro automóvil en calle Barros Luco de Arica, siendo retenido por testigos del hecho. De acuerdo con los antecedentes recopilados por el organismo de control, el alcotest practicado al conductor registraría 1,44 g/l de alcohol en la sangre.
Asimismo, la Contraloría observó que, una vez finalizado el procedimiento policial, el vehículo habría sido trasladado por personal de Carabineros a dependencias de la Tercera Comisaría de Arica, actuación que, según el informe, no se ajustaría a los procedimientos institucionales vigentes. A raíz de esta situación, la Prefectura de Carabineros Arica N.° 1 instruyó una investigación administrativa, cuyos resultados deberán ser informados a la CGR en un plazo de 15 días hábiles.
La fiscalización también identificó eventuales deficiencias en el resguardo y control del vehículo tras el accidente. En particular, la Municipalidad de Arica no habría acreditado documentalmente su retiro, traslado y custodia, ni quién recibió las llaves, quién retiró el automóvil desde dependencias policiales o bajo qué autorización pudo ser conducido posteriormente.
Del mismo modo, el municipio no habría proporcionado antecedentes técnicos ni administrativos respecto de los daños que pudo haber sufrido el vehículo. Según la investigación, las reparaciones fueron presuntamente financiadas por el funcionario involucrado, pese a que correspondía al municipio verificar los daños, autorizar formalmente los trabajos y mantener la documentación de respaldo, con el objeto de resguardar la trazabilidad de las actuaciones y el patrimonio municipal.
Protocolo de seguridad
Otro de los hallazgos del informe señala que el municipio de Arica mantendría vigente el “Protocolo de Operación Departamento de Seguridad y Operaciones V4.0” sin contar con un acto administrativo que aprobara formalmente dicho instrumento. Asimismo, este no contemplaría los antecedentes mínimos que deberían reportarse ante accidentes de tránsito o situaciones de conducción bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad.
Por ello, la entidad comunal deberá formalizar el protocolo e incorporar procedimientos específicos para el reporte y registro de accidentes de tránsito, casos asociados a la conducción bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad, hechos relevantes para la comunicación institucional, los mecanismos destinados al envío de esa información y las responsabilidades asociadas a su elaboración, revisión, supervisión y seguimiento.
Además, y sin perjuicio de que el Consejo de Defensa del Estado interpuso una querella por los hechos investigados, la Contraloría informó que remitirá los antecedentes al Ministerio Público.
