La Contraloría General de la República (CGR) iniciará un sumario administrativo a la Municipalidad de Santiago debido a que detectaron una serie de irregularidades en el traspaso de recursos a la Corporación para el Desarrollo (Cordesan).
El ente fiscalizador finalizó una auditoría a los recursos transferidos por el municipio que lidera la alcaldesa Irací Hassler a la Cordesan para ejecutar diversos programas, actividades, gastos operaciones y funcionamiento de esa entidad privada.
Al respecto, la CGR estableció que “esa entidad comunal no dispone de un sistema de rendición electrónico de cuentas, sino que utiliza archivos en formato Excel que contienen el detalle de los gastos rendidos, lo que representa un riesgo de control atendidas las limitaciones de seguridad e integridad que implica el manejo de la información en este tipo de planillas”.
Sobre esto, indicó que el municipio deberá “implementar un sistema que otorgue una seguridad razonable respecto de la información de las rendiciones de cuenta, garantizando la autenticidad, integridad y disponibilidad de los datos”. Esto deberá acreditarlo al organismo fiscalizador en un plazo de 60 días hábiles.
También advirtieron “debilidades en el proceso de revisión de la rendición de la subvención por parte de la dirección de control, toda vez que no se obtuvo evidencia de que esa unidad municipal haya rechazado aquellas rendiciones que incluyeron desembolsos sin respaldo, servicios y adquisiciones no acreditadas”.
“Se determinó que durante el año 2023 la Municipalidad de Santiago efectuó transferencias de recursos a la aludida corporación por un monto total de $8.762.928.000“, agregan. Esta cifra, según la CGR, no se publicó en el Registro Central de Colaboradores del Estado, regulado por la ley Nº 19.862.
Igualmente, indicaron que “se constató que esa entidad comunal suscribió un convenio de transferencia con la Cordesan para el año 2024, por $7.350.000.000, pese encontrarse pendiente de revisar las rendiciones de las subvenciones otorgadas en los años 2022 y 2023″.
Por eso, la CGR instruirá un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades que pudieran asistirles a los funcionarios involucrados en los hechos observados.
