La Corte Suprema confirmó este lunes los fallos dictados por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago que rechazaron los recursos de protección presentados por las universidades de Chile (UCh) y de Santiago (Usach) contra solicitudes de información realizadas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en el marco del Estudio de Mercado sobre la Educación Superior. Además, el máximo tribunal tuvo por desistida a la Pontificia Universidad Católica (PUC) de su apelación en la misma causa.
De esta forma, la Corte Suprema ratificó que la FNE actuó dentro de sus atribuciones legales al requerir datos a estas casas de estudio, y descartó que tales solicitudes hayan sido desproporcionadas o vulneraran derechos constitucionales. “Esta decisión de la Corte Suprema confirma que la FNE ha actuado conforme a las atribuciones que la ley le ha otorgado para requerir información de los agentes económicos”, afirmó el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg.
45 de las 48 instituciones requeridas ya entregaron la información
El Estudio de Mercado de la FNE comenzó en enero de 2024 con el objetivo de analizar cómo opera la competencia en el sistema de educación superior chileno, incluyendo universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. En este contexto, la FNE ofició a 48 instituciones, de las cuales 45 respondieron en tiempo y forma. Las únicas que no cumplieron fueron las tres universidades que presentaron los recursos, hoy definitivamente desestimados.
El razonamiento de la Corte de Apelaciones —confirmado por la Suprema— subrayó que el estudio tiene por finalidad identificar barreras a la competencia y cómo los estudiantes toman decisiones sobre carreras e instituciones, así como el impacto laboral tras el egreso. También recalcó que los datos solicitados buscaban tomar contacto con estudiantes y exestudiantes para participación voluntaria en la investigación.
Con esta decisión, la Corte Suprema zanja la controversia legal y respalda el derecho de la FNE a recopilar información que permita proponer mejoras legales y regulatorias en el sistema educativo chileno.
