El reciente asesinato de un adolescente que había salido de una residencia del Servicio Mejor Niñez, tras su presunta participación en un asalto en el Parque Ecuador de Concepción, ha encendido las alertas sobre la grave crisis que enfrenta el sistema de protección infantil en Chile y que cada día se agudiza más. Este trágico suceso pone de manifiesto las deficiencias estructurales y la falta de medidas efectivas para garantizar la seguridad y el bienestar de los menores bajo protección estatal.
Al respecto, la diputada Marlene Pérez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social de la cámara de diputados , fue enfática: el Estado no está cumpliendo con su deber más básico, el de proteger a los niños y niñas más vulnerables.
La legisladora sostuvo que este hecho no es aislado, sino parte de una larga lista de vulneraciones ocurridas al interior de este servicio. “Lo ocurrido con este joven refleja crudamente el abandono estatal. Se supone que debía estar protegido y terminó muerto y otro joven gravemente herido. Es una tragedia que se pudo evitar”, declaró la representante de la región del Biobío.
Además, criticó el funcionamiento interno del sistema: “Hoy tenemos más de un 47% de residencias con sobrecupo, más de 40 cerradas en los últimos dos años y 188 niños esperando un cupo para ser protegidos. Esta es la realidad que tenemos que cambiar”.
Se comenzará el miércoles a debatir el proyecto de armonización, en la Comisión de Desarrollo Social, Pérez planteó que se deben corregir las fallas estructurales heredadas del ex Sename. “Este proyecto es la oportunidad para enfrentar el caos institucional que afecta a la niñez. Si no lo fortalecemos ahora, seguiremos condena ndo a nuestros niños al olvido”, advirtió.
El diagnóstico de la crisis que vive el servicio de mejor niñez es realmente alarmante, la sobre población en las residencias, la falta de coordinación entre los órganos del Estado, la inexistencia de un sistema único de información, y la precariedad del modelo de acogida familiar como ejes críticos que deben corregirse con urgencia.
En ese contexto, la diputada fue clara al señalar que la fragmentación institucional genera consecuencias graves. “Tenemos niños víctimas del narcotrafico, Victimas explotación sexual sin una oferta programática adecuada. Casos sin trazabilidad. Menores que desaparecen del radar institucional. Esto no puede seguir así”, recalcó.
Entre sus propuestas, la congresista independiente con cupo UDI insistió en la necesidad de incorporar mecanismos de exigibilidad para que las instituciones respondan ante incumplimientos. “Queremos establecer auditorías externas obligatorias, fortalecer las Mesas de Articulación Interinstitucional y dar atribuciones reales a los garantes, como la Defensoría de la Niñez y la Subsecretaría de la Niñez”.
La diputada Marlene Pérez aseguró que como presidenta de la comisión trabajará incansablemente para que el nuevo marco normativo cumpla con su propósito: “No estamos disponibles para votar un proyecto débil. Se debe incorporar la potestad necesaria para el adecuado funcionamiento del sistema integral de la niñez. Queremos un sistema que proteja, que reinserte, que funcione. Porque los niños no pueden seguir pagando con su vida las fallas del Estado”, concluyó.
