La diputada Macarena Santelices (Republicano) presentó el proyecto denominado “Ley Descansa en Paz”, una iniciativa que busca terminar con la burocracia y proteger a las familias frente a cobros que continúan acumulándose después del fallecimiento de una persona.
Esta propuesta incorpora una nueva regla a la Ley N°19.496 sobre protección de los consumidores y apunta especialmente a contratos de tracto sucesivo o ejecución continuada, como servicios básicos, telecomunicaciones, TAG, televisión de pago y plataformas de suscripción.
La iniciativa establece que, una vez fallecido el titular, las empresas deberán adoptar las medidas necesarias para evitar que se sigan generando cobros, intereses, multas o recargos que tengan su origen exclusivamente en la falta de adecuación del contrato por parte del proveedor.
Asimismo, se dispone que aquellos cargos generados después de la fecha de fallecimiento, cuando sean atribuibles a esa inacción de la empresa, no podrán hacerse valer contra la sucesión del causante.
Detalles de la propuesta
Santelices explicó que el objetivo es simplificar una situación que actualmente puede obligar a las familias a realizar distintas gestiones administrativas mientras continúan aumentando las obligaciones.
“El espíritu de la ley es que al momento de fallecer las personas cesen los cobros de intereses y de mantención de parte de las casas comerciales, las entidades bancarias y las autopistas”, planteó la legisladora, apuntando a reducir la carga que enfrentan los familiares durante el proceso de regularización.
La moción también establece que los proveedores deberán conceder un plazo razonable a quienes acrediten su calidad de herederos o representación legal para solicitar el término, transferencia o regularización del contrato.
Según los fundamentos del proyecto, actualmente no existe una regla general que obligue expresamente a las empresas a adecuar oportunamente estas relaciones contractuales después del fallecimiento del consumidor, lo que puede derivar en cobros que siguen aumentando mientras los familiares realizan los trámites correspondientes.
La parlamentaria sostuvo que la propuesta busca entregar mayor certeza a las familias y evitar que deban asumir consecuencias económicas generadas después de la muerte del titular por una falta de actualización imputable a la empresa. La iniciativa plantea así una obligación de mayor diligencia para los proveedores y una protección específica frente a cobros posteriores que no correspondan a servicios efectivamente prestados.
