La condena al Hospital Regional Dr. Juan Noé de Arica por vulnerar los derechos de un niño de 9 años perteneciente al Trastorno del Espectro Autista (TEA) generó reacciones inmediatas en el Congreso. Las diputadas María Luisa Cordero (RN) y Catalina del Real (Republicano), enviaron oficios al Ministerio de Salud y al Ministerio de Desarrollo Social solicitando información y medidas concretas para fortalecer los protocolos de atención a personas neurodivergentes.
Ambas parlamentarias advirtieron que la falta de capacitación del personal de salud y la inexistencia de lineamientos claros para abordar casos de pacientes con autismo o condiciones similares es un problema estructural que se repite en distintos recintos del país.
En ese sentido, la diputada Cordero declaró que está “convencida de que avanzar hacia un sistema de salud más empático, accesible e inclusivo es una responsabilidad ética y legal del Estado. Casos como el ocurrido en Arica no pueden repetirse”.
Por su parte, Catalina del Real también pidió detalles sobre el trabajo intersectorial entre el Minsal y Desarrollo Social, y cómo se está capacitando al personal en inclusión y trato adecuado, agregando que “la salud pública debe garantizar una atención universal, equitativa y respetuosa para todos sus usuarios, especialmente para quienes requieren un enfoque diferenciado y empático”.
Finalmente, Matías Poblete, presidente de la Fundación Chilena para la Discapacidad, valoró el fallo y llamó a que se implemente con urgencia un enfoque inclusivo en la atención pública ya que “cuando el sistema de salud ignora la condición de una persona con neurodiversidad, no solo falla en lo clínico, falla en lo humano”.
