Las diputadas del Partido Republicano, Catalina Del Real y Macarena Santelices, plantearon la necesidad de actualizar la regulación vigente ante la masificación de vehículos como los scooters eléctricos, capaces de superar los límites establecidos actualmente para los ciclos.
Esta petición nace debido a que la cifra de accidentes causados por el vehículo camino al trabajo llegaron a 501 durante el primer semestre del 2026. Asimismo, el 57,9% de los siniestros se concentra entre las 07:00 y las 11:59 horas y ocho de cada diez casos involucran a trabajadores de entre 18 y 40 años.
Detalles del proyecto
Bajo esa línea, Del Real impulsó un proyecto que crea la categoría de “ciclo eléctrico de alta velocidad” para aquellos vehículos que superen los 25 km/h o los 0,25 kW de potencia.
“No podemos seguir permitiendo que vehículos capaces de alcanzar altas velocidades circulen en un vacío legal. Si superan los límites establecidos para un ciclo, tienen que existir reglas claras, una edad mínima, responsabilidades para quien los conduce y protección para las personas que puedan resultar afectadas en un accidente”, sostuvo.
La iniciativa establece que quienes conduzcan estos vehículos deberán ser mayores de 18 años, contar con una licencia y disponer de un Seguro Obligatorio de Micromovilidad asociado al número de serie del equipo.
También incorpora obligaciones para importadores y comercializadores, quienes deberán informar de manera visible la potencia y velocidad máxima de los vehículos, evitando que equipos capaces de superar los 25 km/h sean vendidos como scooters tradicionales o ciclos no motorizados.
Uso con seguridad
Por su parte, Santelices puso el foco en compatibilizar el crecimiento de la micromovilidad con mayores estándares de seguridad. “Cuando tenemos 501 accidentes en apenas seis meses, la respuesta no puede ser mirar para el lado. Queremos que la gente pueda seguir utilizando scooters y nuevas formas de transporte, pero con reglas que estén a la altura de los riesgos”, afirmó.
El proyecto contempla además nuevas exigencias para las plataformas de arriendo, que deberán limitar mediante software la velocidad máxima de sus ciclos a 25 km/h y mantener seguros de responsabilidad civil para cubrir eventuales daños a usuarios, terceros y bienes. Con estas medidas, la propuesta busca cerrar el actual vacío regulatorio sin desincentivar el uso de medios de transporte eléctricos y sustentables.
