El diputado Andrés Longton (RN) expresó duras críticas hacia el proceso de regularización anunciado por el Gobierno para extranjeros indocumentados, calificándolo como un “efecto llamada” y señalando que refleja la falta de control en la gestión migratoria del país. Durante su conversación con Cristina González en La Mañana de Agricultura, el parlamentario planteó sus argumentos en contra de esta política.
“Esto está generando mucha controversia, está poniendo incluso en tela de juicio también el compromiso que tiene el Gobierno con la expulsión de migrantes que estén en una condición irregular”, afirmó Longton. Según el diputado, esta medida incentiva el ingreso ilegal al país.
En relación al empadronamiento biométrico, Longton destacó que “nadie se va a empadronar para que lo expulsen. Si están empadronando, es porque quieren regularizar”. Agregó que el proceso, que incluyó a 182.000 personas, no cuenta con claridad sobre cómo se verifican antecedentes penales, especialmente en casos de migrantes provenientes de países con dictaduras como Venezuela.
Impacto en servicios públicos y percepción ciudadana
El diputado Longton argumentó que la migración irregular ha colapsado servicios públicos y aumentado la delincuencia. “Tenemos una criminalidad organizada que entra y sale como Pedro por su casa, por nuestra frontera, y una muy mala señal porque finalmente lo que le dice al país es: somos muy ineficientes para expulsar, pero tremendamente eficientes para regularizar”.
Asimismo, cuestionó que los empleadores puedan ser incentivados a contratar personas en situación irregular. “El Gobierno está incentivando que el empleador cometa una infracción, y el migrante ilegal también, para regularizarlo. Eso es grave”.
Falta de voluntad política
El legislador señaló la falta de voluntad del Gobierno para realizar expulsiones masivas. “Con una ley antigua, el presidente Piñera expulsó a más personas que este Gobierno, que tiene una ley nueva y la ha cambiado dos veces”, aseguró. Según Longton, las modificaciones realizadas por la actual administración no han logrado acelerar los procesos de deportación.
Finalmente, Longton insistió en que cualquier regularización masiva debería ser aprobada por el Congreso, en lugar de ser una decisión unilateral del Ejecutivo.
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