Los diputados por el Biobío, Karen Medina (Ind-DC) y Roberto Arroyo (PSC), se pronunciaron frente a la formalización de Andrés Eduardo Quezada Hidalgo, exfuncionario del Departamento de Migraciones de la PDI, detenido con 1,2 kilos de ketamina en el Complejo Fronterizo Chacalluta, en la región de Arica y Parinacota.
Dicha situación generó preocupación en el Congreso, considerando que los hechos podrían haberse repetido en diversas fechas desde noviembre de 2024, lo que evidencia potenciales fallas en la fiscalización de personal y procedimientos internos de seguridad en los pasos fronterizos.
En ese sentido, la diputada Medina enfatizó que “como representantes de la ciudadanía, es nuestra obligación asegurarnos de que los protocolos de control y supervisión de funcionarios sean rigurosos y efectivos. Solicitamos información completa sobre medidas preventivas, auditorías de conducta y mecanismos de detección de irregularidades en pasos fronterizos, para garantizar que hechos como los registrados no se repitan”.
Este caso expone “falencias estructurales graves”
Asimismo, la parlamentaria agregó que “es fundamental que el Ministerio y la PDI nos detallen los controles internos aplicados desde 2024, así como las acciones adoptadas frente a posibles alertas previas sobre la conducta de funcionarios. No podemos permitir que la vulnerabilidad de estos sistemas comprometa la integridad institucional ni la seguridad de los ciudadanos”.
Por su parte, el diputado Roberto Arroyo destacó que “el caso de Quezada Hidalgo expone falencias estructurales graves en la supervisión del personal en zonas críticas del país. Este tipo de situaciones erosiona la confianza en las instituciones y demuestra la urgencia de fortalecer los controles internos, la capacitación y la transparencia en todos los recintos fronterizos”.
Arroyo añadió que “es imprescindible que los procedimientos disciplinarios sean claros, eficientes y aplicados con celeridad, y que se implementen medidas adicionales de prevención y monitoreo. No basta con reaccionar ante delitos consumados; necesitamos un sistema que impida que se generen oportunidades para que se repitan”.
