Los diputados UDI Jorge Alessandri, Osvaldo Urrutia y Álvaro Carter calificaron como una “señal de alerta no debemos ignorar” las balaceras ocurridas este martes en Maipú y Cerrillos, que en total dejaron tres fallecidos. Mientras que la primera comuna habría sido por un “ajuste de cuentas”, en la segunda se trató de un enfrentamiento entre la PDI y sujetos que intentaban robar.
Los integrantes de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara aseguraron que el Gobierno advirtieron que “estamos con el tiempo al límite para prevenir que el narco no siga escalando a niveles insospechados y no nos termine afectando como al resto de los países del continente, donde el tráfico incluso ha permeado las instituciones del Estado”.
Por lo mismo, los parlamentarios gremialistas insistieron en la necesidad de reimpulsar una “agenda antinarcos” que contiene una serie de proyectos que apuntan directamente a combatir el poder de grupos organizados en el país, pero que a la fecha no han tenido una rápida tramitación en el Congreso. Por ello, exigieron directamente al Gobierno otorgar la máxima de las urgencias a las iniciativas sobre dicha materia.
“No podemos seguir de brazos cruzados viendo cómo grupos organizados se apoderan de nuestro país sin que nadie haga nada. El propio Gobierno y el Ministerio Público han advertido que estamos ad portas de que el narco penetre en nuestras instituciones, y si no nos tomamos el tema en serio, mañana ya va a ser tarde”, alertaron los diputados UDI.
Respecto a la “agenda antinarcos”, los proyectos que contiene son los siguientes:
- Tipificar delito de sicariato: sanciona con presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado a quienes cometan un homicidio por encargo. Se hace extensivo para quienes encarguen la realización del crimen (autor intelectual).
- Incorporar a automotoras a registro de empresas que están obligadas a reportar ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) las operaciones sospechosas o que se realicen con altas sumas de dinero en efectivo, como una manera de prevenir el lavado de activo.
- Limitar el uso de dinero en efectivo, estableciendo un máximo de 240 Unidades de Fomento (casi $7 millones) para todos los efectos.
- Aumentar penas asignadas al delito de falsificación o uso de pasaporte falso, considerando que en los últimos años dicha acción ha crecido en un 75%.
- Aumentar penas asignadas al delito de tráfico y trata de personas, de manera de combatir los grupos ubicados en zonas fronterizas que se dedican a facilitar el ingreso ilegal de migrantes.
- Prohibir el uso de aparatos telefónicos al interior de las instituciones bancarias para evitar que grupos de delincuentes “marquen” a los clientes para luego asaltarlos.
