La ministra de Obras Públicas, Jessica López, entregó el balance de las fiscalizaciones de aguas realizadas entre enero y julio de 2025. Según informó, la Dirección General de Aguas (DGA) resolvió 1.192 expedientes, de los cuales 434 terminaron en multas. Estas cifras representan un incremento sustancial en comparación con las 641 fiscalizaciones registradas en el mismo período de 2022.
“Esto refleja el compromiso decidido de este Gobierno de velar por el correcto uso de las aguas y avanzar en seguridad hídrica”, afirmó la secretaria de Estado.
Balance de la DGA
El director general de Aguas, Rodrigo Sanhueza, explicó que el 61% de los expedientes fueron iniciados por la propia DGA, mientras que el 39% respondió a denuncias ciudadanas. Destacó que este aumento obedece al refuerzo de equipos fiscalizadores y a la incorporación de nuevas tecnologías.
Sanhueza señaló que “la DGA ha continuado con el mismo ritmo de fiscalización que el año pasado, que ya fue récord, y si comparamos con 2022, el aumento es de casi el doble”.
Las infracciones más frecuentes al Código de Aguas fueron el incumplimiento del Sistema de Monitoreo de Extracciones Efectivas (38%), obras no autorizadas en cauces (37%), extracción irregular de aguas (15%) y extracción de áridos sin autorización (4%).
En total, 766 personas jurídicas (64%) y 426 personas naturales (36%) resultaron sancionadas, con multas que ascienden a 4.525 millones de pesos. Las regiones de Coquimbo y Valparaíso concentraron los montos más elevados, con 1.297 y 1.115 millones de pesos respectivamente.
Nueva ley de fiscalización
El MOP destacó la entrada en vigencia de la nueva normativa que simplifica el procedimiento sancionatorio. La ley permite corregir infracciones menores sin aplicar multas, agiliza la tramitación y contempla descuentos por pago anticipado.
“Todo esto promueve poner el foco en la solución, agilizando los procesos para subsanar la infracción en menos tiempo”, precisó Sanhueza.
Hasta la fecha, se han registrado 53 casos de allanamiento voluntario, en los cuales los infractores aceptaron los cargos y obtuvieron rebajas en sus sanciones.
El balance confirma que las fiscalizaciones de aguas se han transformado en una herramienta clave para garantizar la gestión responsable de los recursos hídricos, reforzando la seguridad y la sostenibilidad en todo el país.
