En el reciente episodio de En Simple, la cientista política e investigadora del Instituto Libertad, Catalina Riquelme, planteó distintos puntos de vista acerca de las manifestaciones de octubre de 2019.
Durante la conversación, la analista sostuvo que, pese a los avances registrados por Chile en crecimiento económico y beneficios sociales, el sistema político no logró conectar adecuadamente con las demandas de la ciudadanía.
“Yo creo que tiene que ver con una crisis de representación política”, afirmó, al explicar que el estallido fue la expresión de un malestar que se manifestó mediante distintas movilizaciones, algunas pacíficas y otras marcadas por la violencia.
El fracaso de los procesos constitucionales
Uno de los principales argumentos de Riquelme apunta a la diferencia entre la existencia de demandas sociales y la capacidad de convertirlas en acuerdos políticos sostenibles.
“El movimiento social aunó demandas sociales, pero no había un proyecto político detrás que pudiera ejemplificar ese malestar social”, señaló.
La investigadora recordó que, después del acuerdo político del 15 de noviembre de 2019, Chile abrió un camino institucional para discutir una nueva Constitución. Sin embargo, las dos propuestas sometidas a votación fueron rechazadas por la ciudadanía.
En su análisis, estos resultados muestran que la existencia de demandas transversales no garantiza que haya consenso sobre las soluciones ni sobre el proyecto de país que se busca construir.
Menos apoyo al estallido y mayor rechazo a la violencia
Por otra parte, se revisaron cifras de una encuesta de la Universidad del Desarrollo sobre la percepción ciudadana de las protestas. Según los datos expuestos en el programa, la proporción de personas que consideraba necesario el estallido bajó de 46% en 2024 a 31% en 2026. En paralelo, quienes lo calificaban como innecesario aumentaron de 36% a 52%.
La investigadora hizo una distinción entre reconocer la existencia de un malestar social y validar la violencia como herramienta para conseguir cambios. En ese sentido, apuntó a que, según las cifras comentadas durante el programa, un 89% rechazaba la destrucción de bienes públicos.
Para la cientista política, ambas posiciones no son contradictorias. Una persona puede considerar legítimas determinadas demandas sociales y, al mismo tiempo, rechazar la destrucción y las acciones violentas como vía para resolverlas.
Riquelme agregó que el estallido dejó lecciones sobre la importancia de cuidar la democracia y preservar instituciones sólidas. También advirtió que la polarización política posterior constituye una preocupación para el futuro. “El camino de la violencia no es el que nos va a ayudar a generar los acuerdos ni a ser un mejor país”, sostuvo.
A siete años del estallido, la analista descartó que el malestar ciudadano haya desaparecido. Por el contrario, sostuvo que continúan presentes preocupaciones relacionadas con el empleo, la calidad de vida, la salud, la educación y las pensiones. “Ese malestar continúa”, afirmó.
Revisa el episodio completo a continuación:
