La polémica surgió luego de que se conociera que el fiscal Patricio Cooper había intentado interceptar el teléfono del Presidente Boric en el marco de la indagatoria por el caso ProCultura. En su solicitud, Cooper mencionó que, de acuerdo con las investigaciones, dinero proveniente de convenios de ProCultura fue utilizado para financiar de manera irregular la campaña del actual Presidente de la República.
En este contexto, Evelyn Matthei no dudó en señalar la gravedad del caso y emplazar a Boric:
“ProCultura es uno de los casos más escandalosos, más vergonzosos, de corrupción que hemos conocido en Chile, y está en el corazón de La Moneda. Son miles de millones de pesos, que son de todos los chilenos, y que se les han pasado sin licitación, sin ningún tipo de control, a personas que son políticamente afines al Gobierno, pero que además son amigos del Presidente de la República”, afirmó.
La intervención de Matthei: “Investiguen a todos, incluido el Presidente”
Matthei subrayó la necesidad de una investigación profunda y rigurosa:
“Se requiere el máximo rigor por parte de la Fiscalía, pero también por parte de los jueces de Garantía. Se debe investigar a todos, incluido al Presidente de la República, caiga quien caiga”, insistió.
La conversación reveladora y los convenios sospechosos
Según el escrito presentado por la fiscalía, uno de los elementos más reveladores del caso es una conversación entre Patricia Ilonka Csillag Pimstein (secretaria y cofundadora de ProCultura) y Constanza Gómez Cruz (representante legal de la fundación). En dicha conversación, Lucía, otra de las involucradas, menciona que Alberto Larraín Salas, cofundador de ProCultura, le había dicho: “Gasté esta plata en la campaña del Boric y no les voy a pagar ni ahora ni nunca”.
Además, la fiscalía detalló el significativo aumento en los convenios firmados entre ProCultura y el Estado en los últimos dos años. En 2020 y 2021, los montos fueron de $181.676.386 y $316.849.723, respectivamente. Sin embargo, en los años 2022 y 2023, las cifras se dispararon a $3.282.841.556 y $1.808.295.429, lo que generó sospechas sobre un posible fraude al fisco y financiamiento ilegal de campañas políticas.
¿Un tráfico de influencias vinculado a la campaña presidencial?
De acuerdo con la fiscalía, este aumento exponencial en los montos de los convenios podría explicarse por la cercanía entre Larraín Salas y el actual Presidente, lo que plantea la posibilidad de tráfico de influencias.
