El exfiscal y director del Centro de Estudios de Seguridad y Crimen Organizado (CESCRO) de la Universidad San Sebastián (USS), Luis Toledo, abordó en La Mañana de Agricultura el impacto de las filtraciones en los procesos judiciales, destacando su efecto perjudicial en la justicia y la privacidad de los involucrados, en medio de la polémica que envuelve a la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, ambas del Partido Comunista.
Toledo explicó que las filtraciones no son un fenómeno nuevo, sino que han ocurrido en varias causas de connotación nacional. “Se han producido antes filtraciones respecto de situaciones o antecedentes de la misma investigación que no tienen ninguna relación con los hechos investigados”, aseguró.
El abogado enfatizó que este tipo de filtraciones afecta a la persona investigada y enreda el proceso, ya que obliga al Ministerio Público a iniciar investigaciones paralelas. “Eso es por revelación de secretos, porque el proceso penal es público para los intervinientes, pero es secreto y reservado para los terceros ajenos al procedimiento”, subrayó.
Sobre el caso de Karol Cariola
Al referirse al caso específico de Karol Cariola, Toledo cuestionó la pertinencia de hacer públicas ciertas conversaciones. “Aquí, lo que habló la señora Cariola respecto al presidente de la República resulta interesante para otros fines de ‘cahuín’, pero no tiene nada que ver con lo que se le está investigando en lo penal”, afirmó tajantemente.
El exfiscal también criticó la transcripción de conversaciones que no tienen relación con la causa principal, señalando que su inclusión en los informes policiales es un problema recurrente. “Las transcripciones de los informes policiales no pueden extenderse a situaciones que no tienen nada que ver con la causa. Y eso ha pasado muchísimas veces”, insistió.
Responsabilidad del Ministerio Público
Consultado sobre quién debe responder por estas filtraciones, Toledo indicó que la Fiscalía es responsable de dirigir la investigación penal y de establecer los límites de lo que debe o no ser incluido en los expedientes. “El Ministerio Público es uno de los actores más relevantes del proceso penal, y sin duda sus directrices marcan una pauta en torno al cumplimiento de ciertos deberes y protección de derechos”, señaló.
Para evitar la filtración de información sensible, Toledo sugirió que se establezcan criterios más estrictos sobre qué material puede ser incorporado en la carpeta investigativa y quién puede tener acceso a él. “Lo que se debe transcribir son grabaciones que dicen relación directamente con el tipo penal”, explicó.
Finalmente, el exfiscal concluyó que el sistema penal debe avanzar en mecanismos para resguardar la privacidad de los investigados y evitar que información irrelevante sea utilizada con fines políticos o mediáticos.
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