Un nuevo episodio de violencia escolar remeció en las últimas semanas al sistema educativo chileno. En el Liceo Sara Troncoso, un estudiante apuñaló a su compañero, hecho que vuelve a encender las alarmas sobre la necesidad de prevenir y abordar de manera eficaz estas situaciones en los colegios del país.
Según expertos, la violencia escolar no debe normalizarse. Por el contrario, se deben aplicar las normas vigentes con rigurosidad. Vanessa Millán Pantoja, abogada del estudio jurídico Legal y Educa, sostiene que el reglamento interno es una herramienta clave para enfrentar estos hechos. “Al estar en concordancia con la normativa educacional y los protocolos del MINEDUC, da respaldo legal a las decisiones tomadas por los directivos y educadores. A su vez, la aplicación errónea puede derivar en responsabilidades administrativas o judiciales”, explica.
Millán detalla que los docentes cuentan con diversos mecanismos para actuar frente a hechos de agresión. En primer lugar, recomienda registrar toda situación en informes de incidentes o partes disciplinarios. Además, enfatiza la importancia de activar los protocolos internos y recurrir al apoyo de los equipos de convivencia escolar. “En caso de que la violencia constituya delito, tienen derecho a presentar denuncias ante Carabineros, PDI o Fiscalía”, añade.
Marco legal y casos de violencia escolar
En Chile, la Ley N° 20.084 establece responsabilidad penal adolescente desde los 14 años. Las sanciones dependen de la edad, el discernimiento del menor y la gravedad del hecho. Pueden ir desde advertencias hasta reclusión en centros especializados, priorizando siempre un enfoque educativo.
En tanto, la Ley de Control de Armas prohíbe el porte de armas, incluyendo cuchillos, en espacios públicos como los colegios. “Los establecimientos deben tener protocolos claros y podrían establecer revisiones aleatorias, siempre respaldadas por el reglamento interno”, indica Millán.
Por su parte, la Ley de Aula Segura permite a los directores suspender o expulsar a estudiantes que participen en hechos graves de violencia, como agresiones físicas, uso de armas o daños importantes en infraestructura. “El estudiante tiene derecho a ser escuchado y la decisión debe ser fundada, cumpliendo con el debido proceso”, señala la abogada.
Vanessa Millán, quien además fue docente durante seis años, advierte que muchos profesores se sienten solos ante estas situaciones. “Una de las principales dificultades es la falta de aplicación efectiva del reglamento: a veces existen normas, pero no se aplican por temor a represalias o por falta de claridad en los procedimientos”, afirma.
En este escenario, la experta insiste en que el Estado debe asegurar recursos para salud mental, prevención y formación en convivencia. Asimismo, llama a la comunidad escolar a trabajar unida para construir espacios educativos seguros, donde prime el respeto y el diálogo.
