La liberación del sicario Osmar Ferrer, imputado por el asesinato del comerciante José Reyes, conocido como “el Rey de Meiggs”, ha encendido las alarmas en el mundo académico y entre organizaciones que trabajan con víctimas del crimen organizado. Distintas voces coinciden en que este episodio revela fallas institucionales graves que deben ser investigadas y corregidas con urgencia.
Desde la academia, Roberto Munita, director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, advirtió que los antecedentes conocidos hasta ahora solo muestran la superficie de un problema más profundo: “Da la impresión de que este es un tema en el que aún estamos en la punta del iceberg”.
“La reciente noticia de que no quedó en libertad por una orden falsificada, sino que fue a través de un conducto real, deja más interrogantes aún, y da pie para hipótesis más serias y preocupantes. Creo que aún no reparamos en la profundidad de las redes del narcotráfico dentro de la administración pública. No se trata de decir que están todos coludidos, pero hay que hacer una investigación muy profunda para desbaratar los contactos que el Tren de Aragua probablemente tenga al interior del Estado”, añadió.
En la misma línea, José Miguel González, abogado, académico y director del movimiento No Más Víctimas, quien participó esta semana en la Comisión de Seguridad del Senado junto a familias de víctimas, sostuvo que este caso no es un error aislado, sino una expresión de la fragilidad del sistema.
“No se fugó, lo liberaron. Es liberado por Gendarmería debido a que llegó una orden judicial en un tiempo récord de dos días. Estuvo detenido en prisión preventiva solo dos días. Imagínense todo lo que tiene el ciudadano común y corriente que esperar de la justicia, y aquí en tan solo dos días llegó una orden del Octavo Juzgado de Garantía que superó todos los protocolos, todos los chequeos vigentes. Gendarmería lo libera y el tipo sale por la puerta principal el 10 de julio. Todavía no sabemos qué ocurrió. Recién cinco días después, el ministro de Justicia sale a decir que esto es gravísimo”, afirmó.
Asimismo, afirmó que la máxima autoridad de la cartera debería dar un paso al costado: “El ministro debería renunciar y debería reformularse todo el sistema de justicia y protocolos de seguridad. Estamos lidiando con un Estado mastodóntico, garantista, mientras el crimen organizado opera como un cheetah: rápido, profesional, adaptativo. Necesitamos medidas contundentes que pasen de las explicaciones a las acciones”.
Por su parte, Camila Astraín, directora del Diplomado en Investigación del Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, subrayó los desafíos institucionales que deja en evidencia este caso: “La liberación de Osmar Ferrer es un hecho completamente irregular que debe activar a las autoridades. Es urgente dar con su paradero, evaluar si representa una amenaza para otros involucrados en la causa y esclarecer si se trató de un error administrativo o de una posible intervención del crimen organizado. Esto último plantearía serios desafíos institucionales. Además, es clave contener el impacto que hechos como este generan en la percepción de seguridad y confianza ciudadana”.
Pablo Urquizar, Coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo UNAB por caso sicario, señaló que:
“Lo ocurrido es de la máxima gravedad. Sea negligencia, corrupción o hackeo, las diversas hipótesis son preocupantes y deben ser abordadas en las distintas dimensiones. El país no se puede dar el lujo de liberar a personas imputadas por delitos tan graves como homicidios por encargo. Con todo, el Estado debe crear una arquitectura de autoprotección robusta, es decir, el fortalecimiento de su contrainteligencia”.
