El Ministerio Público puso fin a la investigación iniciada a raíz de la querella presentada en 2020 por el entonces alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, contra el expresidente Sebastián Piñera. La acción judicial también involucraba al exministro de Salud, Jaime Mañalich, y a los exsubsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga, todos acusados por su presunta responsabilidad en la propagación del covid-19 durante los primeros meses de la pandemia.
La resolución fue adoptada por el fiscal Marcelo Carrasco, de la Fiscalía Centro Norte, quien estableció que no existen antecedentes suficientes para fundar una acusación. En consecuencia, se solicitó una audiencia para comunicar la decisión de no perseverar en la investigación. Esta se realizará el próximo 25 de julio en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Las acusaciones del exalcalde
La querella presentada por Jadue —quien actualmente cumple arresto domiciliario por otra causa— apuntaba a un supuesto delito de diseminación de gérmenes patógenos con el propósito de producir enfermedad, figura penal incluida en el artículo 318 bis del Código Penal. Además, acusaba negligencia grave por parte de las autoridades sanitarias y falsificación ideológica de instrumento público, sugiriendo que se ocultaron datos durante el manejo de la crisis sanitaria.
Sin embargo, tras casi cinco años de indagatoria, la fiscalía concluyó que no hubo delito, descartando las imputaciones formuladas por el exjefe comunal y su equipo jurídico.
Fin de una investigación sin resultados penales
Con este cierre, uno de los procesos judiciales más polémicos iniciados durante la pandemia llega a su fin sin responsables. El exmandatario Sebastián Piñera, fallecido en febrero de este año, fue el principal blanco de la querella impulsada por Daniel Jadue, que generó amplio debate en su momento sobre la judicialización de decisiones políticas en contextos de emergencia sanitaria.
El 25 de julio se hará oficial en tribunales el cierre definitivo de la causa. Mientras tanto, desde la Fiscalía aseguraron que el trabajo investigativo se desarrolló con base en la evidencia disponible y respetando los estándares del debido proceso.
