El fiscal jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía Nacional, Eugenio Campos, abordó este lunes las críticas en torno al allanamiento a la vivienda de la diputada Karol Cariola, quien fue notificada de la diligencia pocas horas después de haber dado a luz a su primer hijo.
Desde el Congreso, Campos explicó que la Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó la autorización judicial correspondiente, la cual fue concedida por un tribunal de garantía. “Se sopesaron todos los antecedentes antes de ejecutar la diligencia, que fue llevada a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI)”, sostuvo.
El persecutor evitó profundizar en detalles específicos de la operación, argumentando que “se trata de una investigación en curso” y que cualquier discrepancia respecto al procedimiento deberá resolverse en el marco legal. “Cualquier otra observación o comentario deberá ser conocido por un tribunal, donde la fiscalía dará cuenta del desarrollo de la misma”, afirmó.
Cariola recurrirá a la CIDH
Respecto a la intención de la diputada Cariola de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar el allanamiento como un acto desproporcionado, Campos aseguró que “toda persona tiene derecho a ejercer los recursos y garantías que establece el ordenamiento jurídico”.
Consultado sobre si la fiscalía estaba al tanto de la inminente hospitalización de la parlamentaria al momento de programar el allanamiento, el fiscal evitó referirse al tema. “Es un asunto que podría eventualmente debatirse en una instancia judicial”, indicó.
Resguardo de información incautada
Uno de los puntos más sensibles en esta causa es la incautación del teléfono celular de la legisladora, del cual se especula que contendría la grabación de las 10 horas de su trabajo de parto. Campos afirmó que desconoce el contenido del dispositivo, pero aseguró que la fiscalía ha adoptado medidas para evitar filtraciones.
“En todas nuestras investigaciones se han implementado mecanismos para minimizar cualquier posible filtración. Es importante recordar que aunque algunas indagatorias son secretas para quienes no son parte del proceso, los intervinientes tienen acceso a la información”, concluyó el fiscal.
