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Gobierno declara emergencia preventiva en Atacama y Coquimbo ante deshielos y posibles crecidas de ríos

Gobierno declara emergencia preventiva en Atacama y Coquimbo ante deshielos y posibles crecidas de ríos
Cedida – Subsecretaría del Interior

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast, declaró Emergencia Preventiva en las regiones de Atacama y Coquimbo ante el riesgo de deshielos y posibles crecidas de ríos y cauces durante los próximos meses. El objetivo de la medida es anticiparse a eventuales emergencias y resguardar la seguridad de las personas, sus viviendas, la conectividad y los servicios básicos.

La decisión se sustenta en antecedentes técnicos que advierten una disminución acelerada de la nieve acumulada en la cordillera, junto con aumentos de caudal asociados al proceso de deshielo. Este escenario hace necesario fortalecer las acciones de prevención, monitoreo y preparación de los equipos de respuesta frente a eventuales crecidas que puedan afectar a las comunidades.

Al respecto, el Subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó la importancia de anticiparse a los posibles efectos de este escenario meteorológico y fortalecer el trabajo coordinado con las autoridades del territorio.

“Esta declaratoria de emergencia preventiva nos permite anticiparnos a eventuales nuevas afectaciones y seguir trabajando coordinadamente con las autoridades regionales y locales para resguardar la seguridad de las personas y apoyar oportunamente a las comunidades”, señaló.

¿Hasta cuando estará activa la medida?

La emergencia preventiva se mantendrá vigente hasta el 31 de enero de 2027 y permitirá fortalecer la coordinación entre el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), la Dirección General de Aguas (DGA) y los organismos regionales, reforzando el seguimiento de las condiciones hidrológicas y la preparación de los equipos ante posibles contingencias.

De esta manera, el Gobierno busca anticipar los eventuales efectos del proceso de deshielo y contar con las capacidades necesarias para actuar oportunamente frente a posibles aumentos de caudal, protegiendo a las comunidades y reduciendo los riesgos para las personas y la infraestructura de ambas regiones.

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