El Gobierno, representado por el ministro del Interior, Víctor Pérez, y el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC), Sergio Pérez, encabezaron este martes la firma del acuerdo que puso fin al paro de camioneros que se llevó a cabo a finales de agosto y principios de septiembre de este año.
“Nadie discute, ni está puesto en duda que esto nace por el sufrimiento, por el sufrimiento, por los perjuicios, por el daño que han sufrido hombres de trabajo, mujeres de trabajo, empresarios transportistas, pequeños, medianos y grandes, que han visto en muchas ocasiones con importancia e incertidumbre cómo su capital de trabajo es destruido”, afirmó Víctor Pérez.
En esa línea, recordó el listado de hechos de violencia que se han reportado en el sur del país y que han afectado a los camioneros, como el asesinato de Juan Barrios, las quemas de camiones, y el disparo contra la hija de 9 años de un transportista, entre otros.
“Como Gobierno, por mandato del Presidente de la República, hemos asumido este compromiso de trabajar en conjunto para resolver temas que sin duda son reales, efectivos y generan frustración incertidumbre y temor”, agregó el titular de Interior.
Además añadió que “vamos a trabajar primero, en seguir luchando para que las leyes que le den instrumentos al Estado, no a este Gobierno, de combatir a los violentos se hagan realidad”.
En tanto, Sergio Pérez reiteró que los camioneros de Chile “estamos más unidos que nunca, ustedes saben que hemos tenido una movilización nacional por la paz, por la seguridad y antidelincuencia”.
“Esta movilización nacional la hemos suspendido para que concretemos los acuerdos que vamos a firmar y nuestras bases tendrán que ser informadas, debidamente y oportunamente, en el cumplimiento de este acuerdo, precisó.
Entre las medidas que se encuentran en el acuerdo son:
- Compromiso del Gobierno con el Orden Público, expresado en inversión de 5.600 millones en infraestructura policial, aumento en medios aéreos en la zona sur, coordinación especial en información de inteligencia, establecimiento de una prefectura de la PDI en la macrozona sur y un programa de mantención y reposición de vehículos policiales.
- 13 proyectos de ley presentados para fortalecer la seguridad y orden público.
- Vigilancia en ruta, aumentando las cámaras seguridad, añadiendo cámaras térmica y de lectura de patentes, además de más iluminación.
- El Gobierno trabajará con las concesionarias para implementar peajes free flow en la macrozona sur y se analizará el tarifario en las ruta 78 y 68 para buscar una tarifa plana los fines de semana y feriado.
- Nuevas áreas de descanso en la ruta 5 sur, en los tramos Chillán-Collipulli y Collipulli-Temuco.
- Apoyo a la víctimas: El Gobierno apoyará a las familias de los conductores que fallezcan o resulten con invalidez total o parcial superior al 70% producto de atentados terroristas, otorgando pensiones de gracia vitalicias para los afectados y becas de estudio para sus hijos.
- A través de Sercotec, se ayudará a aquellas víctimas de delitos terroristas de vehículos motorizados con un subsidio no reembolsable que cubra todos los costos de los vehículos destruidos y que no sean cubiertos por las pólizas de seguro.
- Los conductores afectados por actos terroristas recibirán una compensación que cubra la diferencia entre la cobertura del seguro de cesantía y el sueldo base estipulado en su contrato de trabajo, entre el momento del siniestro y el otorgamiento del subsidio no reembolsable antes mencionado. Durante este periodo, el contrato de trabajo podrá ser suspendido por acuerdo de las partes, en cuyo caso el trabajador podrá hacer uso de su seguro de cesantía.
- El Gobierno se compromete a presentar durante e 2020 un proyecto de ley que permitirá establecer un fondo de reparación para las víctimas de violencia en la macrozona sur, junto a una comisión permanente que informe anualmente sobre los hechos de violencia.
- El Gobierno exigirá a concesionarias de autopistas a aumentar los estándares de seguridad con tecnología avanzada, que permitan una mayor eficacia durante la investigación policial de delitos.
