El Gobierno Regional Metropolitano (GORE-RM) emitió este martes una declaración pública en respuesta al informe de la Contraloría General de la República (CGR) que lo involucra en el presunto uso de fondos públicos para actividades proselitistas durante la campaña de reelección del gobernador Claudio Orrego.
“Negamos rotundamente cualquier financiamiento a la campaña del gobernador Claudio Orrego”, señaló el primer punto del comunicado, refutando así la principal observación contenida en el informe del órgano fiscalizador.
La declaración, firmada por el GORE-RM, busca desmentir las conclusiones del informe final N°873 de la CGR, el cual apuntó al desvío de $31.366.179 a sesiones de coaching directivo que, según el ente contralor, abordaban directamente temas vinculados a la reelección del gobernador regional.
“Actividades institucionales, no electorales”
Desde el Gobierno Regional explicaron que las sesiones de coaching forman parte de un proceso de formación directiva institucional vigente desde 2021, que incluye planificación estratégica, clima laboral y apoyo a la gestión. Enfatizaron que “no son fruto de ningún contexto electoral”, desligando así su contenido de cualquier intención proselitista.
Asimismo, el comunicado defendió la pertinencia de los talleres: “El coaching directivo (…) no puede estar disociado del contexto político, social y económico de la región y el país”, argumentando que, si bien algunos temas pueden haberse referido a contextos electorales, “eso no implica que el coach tenga un objetivo ajeno al institucional”.
Finalmente, la gobernación metropolitana expresó su disposición a colaborar con las investigaciones en curso: “Respetamos y valoramos el rol de fiscalización de la CGR, por lo que colaboraremos en cada una de las instancias que busquen aclarar lo expuesto en el Informe Final Nº873”.
Investigación administrativa y judicial en curso
Pese a la declaración, la Contraloría instruyó un sumario administrativo para determinar posibles responsabilidades dentro del GORE-RM y remitió los antecedentes al Ministerio Público para una eventual indagatoria penal. El caso sigue escalando y ya se ha convertido en uno de los más graves detectados en las auditorías realizadas a los gobiernos regionales entre enero y septiembre de 2024.
