Una preocupante situación sanitaria y de infraestructura quedó al descubierto tras una auditoría realizada por la Contraloría General de la República al Hospital Clínico San Borja Arriarán, que detectó filtraciones de aguas servidas, riesgo permanente de incendio, deficiencias en el sistema eléctrico y negligencias graves en la gestión de mantenimiento.
El informe, que abarca el período comprendido entre agosto de 2020 y septiembre de 2024, fue solicitado por el senador Juan Luis Castro (PS), miembro de la Comisión de Salud. El parlamentario destacó que “la Contraloría ha corroborado todas las denuncias que hicimos junto a los médicos de la UTI. Existían filtraciones de aguas hervidas, insalubridad, roedores y condiciones paupérrimas que la autoridad negó sistemáticamente”.
Frente a esta situación, Castro exigió la realización de sumarios sanitarios, reparaciones inmediatas y una fiscalización exhaustiva para proteger la salud de pacientes y funcionarios.
Desde el propio hospital, la doctora Francisca Ríos, jefa del Servicio de Medicina Crítica, lamentó las condiciones reveladas por la auditoría, señalando que “desde 2020 se nos aseguró que el sistema eléctrico era seguro, pero el informe de Contraloría demuestra todo lo contrario. Se han expuesto vidas humanas a riesgos graves y urgimos que se implementen, de manera inmediata, todas las correcciones indicadas por la autoridad fiscalizadora”.
Entre las medidas ordenadas por Contraloría se encuentra la obligación de regularizar las instalaciones eléctricas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) en un plazo de 60 días hábiles. Además, se instruyó fortalecer el registro, la trazabilidad y el respaldo documental de todas las labores de mantenimiento y reparación, buscando asegurar una gestión hospitalaria más eficiente y controlada.
