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Ignacio Briones y Gonzalo Blumel analizaron la Ley de Amarre en La Hora Liberal

Ignacio Briones y Gonzalo Blumel analizaron la Ley de Amarre en La Hora Liberal
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Una de las críticas más duras del cierre de año político estuvo dirigida a la llamada ley de amarre. Este tema se abordó en un nuevo episodio de La Hora Liberal, siendo calificado por Ignacio Briones como uno de los peores hitos del 2025, apuntando a su impacto negativo en el funcionamiento del Estado y en la calidad del empleo público.

Desde el inicio de su análisis, Briones fue categórico en su diagnóstico. “Es una vergüenza, es grotesco”, afirmó, al referirse a la norma incorporada en el marco de la ley de reajuste del sector público. A su juicio, se trata de una modificación legal introducida sin una discusión de fondo, pero con consecuencias estructurales relevantes.

Una reforma que rigidiza aún más el Estatuto Administrativo

Ante esto, el exministro de Hacienda explicó que el principal problema de la ley de amarre es que profundiza un sistema ya obsoleto. “Lo que está haciendo el gobierno está proponiendo una modificación legal que rigidiza aún más el Estatuto Administrativo”, manifestó.

El economista sostuvo que, lejos de modernizar el empleo público, la iniciativa consolida prácticas que dificultan la gestión, la evaluación de desempeño y la adaptabilidad de los servicios.

Falta de discusión de fondo y consecuencias a largo plazo

Durante el programa, Briones criticó que este tipo de reformas se realicen de manera encubierta. “Se mete por la ventana una modificación estructural”, sostuvo, cuestionando que una materia tan relevante se tramite dentro de una ley de reajuste salarial, sin un debate técnico ni político profundo.

A su juicio, este tipo de decisiones terminan hipotecando la capacidad futura del Estado, vinculando directamente la rigidez laboral con la mala calidad de los servicios públicos.

Finalmente, Briones advirtió que la ley de amarre es una señal equivocada en un momento en que Chile necesita reformas profundas. Para el economista, seguir postergando una modernización real del empleo público solo profundiza la desconfianza y limita la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales.

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