Una masiva reprobación ha generado la reciente investigación de la Contraloría General de la República, que reveló que 25.078 funcionarios públicos viajaron fuera del país entre 2023 y 2024 mientras estaban con licencia médica activa.
Según el informe, en total se registraron 35.585 licencias médicas en estos casos, de las cuales un 69% fueron emitidas por médicos del sistema Fonasa y el restante 31% por facultativos pertenecientes a Isapres. Las cifras llevaron a la Contraloría a ordenar sumarios administrativos en 788 entidades públicas, donde se detectaron cerca de 60 mil entradas y salidas del país de personas supuestamente en reposo.
El organismo fiscalizador también identificó a las instituciones con mayor número de irregularidades. La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) encabeza la lista con 2.280 casos, seguida por Fundación Integra (1.934), la Municipalidad de Arica (719) y la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique (515). También figuran el Instituto de Previsión Social (423), la Subsecretaría de Salud Pública (393), y diversas corporaciones municipales de ciudades como Puerto Montt, Punta Arenas, Puente Alto, Temuco y Calama.
La mayoría de las salidas del país se concentraron en los meses de septiembre a diciembre, y afectaron principalmente a 13 servicios públicos, que en conjunto concentran el 25% del total de licencias observadas.
Desde distintas entidades públicas y del mundo político se ha expresado preocupación y rechazo ante el mal uso del sistema de licencias médicas, enfatizando la necesidad de aplicar sanciones y reforzar los mecanismos de fiscalización para evitar que estas prácticas se repitan.
