La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, se refirió este viernes al informe emitido por la Contraloría General de la República, el cual detectó más de 18 mil registros de vacunas que aparecen como administradas después de su fecha de vencimiento, y otras aplicadas a personas fallecidas, señalando que se trata de errores de registro sin implicancias sanitarias.
Según el informe, se identificaron 18.132 anotaciones correspondientes a 91 lotes de vacunas, con diferencias de hasta 903 días entre la fecha de caducidad de la dosis y la supuesta fecha de inoculación. Además, se detectaron RUT asociados a personas fallecidas en los registros del sistema.
La subsecretaria explicó que estos hallazgos se enmarcan en auditorías que la Contraloría ya había realizado anteriormente, en años como 2017 y 2021. “Si uno considera los errores de registro, tanto por vacunas administradas supuestamente después de su vencimiento como por RUT de personas fallecidas, estos no superan el 0,1% del total de más de 60 millones de dosis administradas”, sostuvo.
Albagli destacó que los errores detectados en el informe de 2022 y 2023 son menores en proporción que los hallados en 2021, año en que se concentró la mayor carga operativa de la campaña de inmunización por COVID-19. “Ese error fue mayor en 2021 que en 2022 y 2023 sumados”, aseguró.
En cuanto a uno de los casos señalados, donde se habría utilizado un lote vencido en un consultorio, Albagli aclaró que dicho lote jamás fue enviado a ese centro de salud. “Fue uno de los primeros lotes, priorizado para hospitales de alta complejidad, y se utilizó por completo. Es extremadamente poco plausible que se haya usado años después en otro lugar”, explicó.
Frente a estos antecedentes, la subsecretaria anunció mejoras estructurales al sistema de registro de vacunas, entre ellas, la implementación de alertas cuando se intente registrar una vacuna con lote vencido, y una validación automática del RUT ingresado para evitar errores.
Finalmente, Albagli subrayó que no hay riesgos para la salud pública derivados de estos registros. “Lo que hay es una dificultad legítima de registro en sistemas muy complejos y de alto volumen, que no estaban preparados para detectar estos errores. Nos estamos haciendo cargo con una solución estructural a un problema de larga data”, concluyó.
