Frente a la ola de tomas y hechos de violencia que afectan nuevamente a liceos emblemáticos como el Instituto Nacional o el Internado Nacional Barros Arana, el líder del movimiento No Más Víctimas, José Miguel González, se reunió con Lilian Vicent, exdirectora de los liceos Manuel Barros Borgoño y Darío Salas, dos establecimientos que logró recuperar por completo en los años 2018 y 2019, aplicando las normas vigentes y restaurando la autoridad.
Vicent, quien fue designada por Alta Dirección Pública y obtuvo altos índices de gestión académica y de convivencia escolar, explicó que no se requieren nuevas leyes para enfrentar la violencia, sino la voluntad de aplicarlas: “Yo erradiqué la violencia por completo, los actos violentos, tanto dentro como fuera del establecimiento, en el 2018 con el Barros Borgoño, y 2019 en el Darío Salas”, señaló.
Según explicó, el éxito fue posible gracias a una estrategia clara: “aplicar el reglamento interno, utilizar la ley Aula Segura, realizar un trabajo conjunto con los equipos directivos, fortalecer la convivencia escolar y separar a quienes instrumentalizaban a los estudiantes con fines políticos”.
“Acá los grandes culpables no son los estudiantes, sino que son los adultos que toman a los estudiantes para sus fines personales y políticos. Pudimos sacar a estos adultos, ya sea apoderados, profesores o asistentes, que tomaban a los estudiantes para sus propios fines”, afirmó Vicent.
La exdirectora también denunció haber sido perseguida políticamente por la ex alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, quien, según relata, forzó su salida mediante un sumario inventado, pese a sus logros comprobados. “Me sumarió con un sumario inventado junto a un grupo político afín (…) y me sacaron de mi puesto, que yo había ganado derechamente por Alta Dirección Pública y con los mejores índices de gestión”, relató.
Desde No Más Víctimas, José Miguel González destacó la experiencia de Vicent como prueba concreta de que las herramientas existen, pero falta decisión política para usarlas: “Gracias a Aula Segura y la normativa vigente ya existen herramientas para enfrentar los desmanes. Lo que se necesita es voluntad política firme para separar a los estudiantes que quieren aprender de los que están instrumentalizados ideológicamente por adultos o no tienen ninguna intención de desarrollarse”, señaló.
González acusó a sectores de izquierda de tener una relación ambigua con estas prácticas violentas: “La izquierda es experta en relativizar estos actos porque mucho de su activismo depende de esta lógica de extorsión de la toma y la protesta violenta. Titubear o validar estos hechos demuestra complicidad con el retroceso institucional que vive Chile”, sostuvo.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades, sostenedores y comunidades escolares a tomar posición: “El momento país nos exige escoger bandos: o estamos con quienes defienden el imperio de la ley y el derecho de los estudiantes a educarse en paz, o somos cómplices de quienes destruyen los liceos y amedrentan a quienes ejercen su rol”, advirtió.
“El testimonio de Lilian confirma cómo operan varios grupos de izquierda: cancelando, persiguiendo, amedrentando incluso cuando se busca ejercer una ley para recuperar la tranquilidad”, cerró.
