En medio de la fuga de tres reos desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso, la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP) emitió un duro comunicado en el que alertó que el sistema carcelario del país está “en una situación de colapso” y expuesto a “hechos aún más graves”.
Por medio del escrito, el gremio denunció que la cárcel de Valparaíso contaba en 2022 con 2.300 internos, cifra que al 31 de julio de este año llegó a 3.578 personas privadas de libertad, pese a que el recinto solo tiene 1.864 plazas, lo que equivale a un 192% de sobrepoblación. A ello se suma que en paralelo se redujo en 35 la dotación de funcionarios, generando turnos “extenuantes y agobiantes” para el personal.
Hacinamiento histórico y falta de personal
Según la asociación, el panorama se repite en todo el país. La población penal pasó de 38.752 internos en 2022 a 61.137 en julio de 2025, lo que ha provocado niveles de hacinamiento de hasta 300% en algunos recintos. Esta situación, advierten, “mantiene a la población penal en condiciones deplorables” y precariza las condiciones laborales de los gendarmes.
En ese sentido, remarcaron que resulta “insensato” responsabilizar únicamente al personal o a sus jefaturas por las fugas, ya que son “los que sostienen un sistema abandonado por el Estado y los Gobiernos de turno, incapaces de prever el aumento de la población penal y la instalación del crimen organizado en las cárceles”.
Los oficiales acusaron improvisación en la gestión de la crisis, apuntando que incluso el cargo de director nacional de Gendarmería lleva más de un mes vacante. Además, advirtieron que, de no tomarse medidas, el país podría enfrentar “planificaciones de fugas masivas en recintos de la zona norte mediante la utilización de explosivos”.
Por ello, la ANOP llamó al Gobierno a implementar un plan integral que incluya un aumento de la dotación, ampliación de la infraestructura carcelaria, mejoras en la carrera funcionaria y la incorporación de mayor tecnología para prevenir fugas y errores administrativos.
