Las diputadas Carla Morales y Catalina del Real, integrantes de la Comisión de Personas Mayores y Discapacidad, solicitaron al Ministerio de Educación un informe detallado sobre los mecanismos de fiscalización y cumplimiento de la Ley TEA, luego del caso de una niña de tres años diagnosticada con trastorno del espectro autista que fue rechazada por el Colegio de los Sagrados Corazones de Hualpén debido a su condición.
El hecho generó preocupación en el Congreso y reabrió el debate sobre la inclusión educativa. La Corte de Apelaciones de Concepción calificó la negativa del establecimiento como “ilegal y arbitraria”, ordenando su matrícula y recordando que la falta de un Programa de Integración Escolar (PIE) no libera a los colegios del deber de garantizar el acceso de todos los estudiantes, según lo establecido en la Ley TEA.
Fiscalización y cumplimiento efectivo de la Ley TEA
En su oficio, las parlamentarias solicitaron información sobre las denuncias de discriminación en procesos de admisión escolar que involucren a estudiantes con TEA, así como los lineamientos implementados por el Mineduc para asegurar el cumplimiento de la ley en colegios sin PIE.
“La legislación es clara y debe ser cumplida. La inclusión no puede ser una opción, sino un derecho garantizado para todos los estudiantes. Este caso no es un hecho aislado; refleja una fractura profunda entre lo que establece la ley y lo que viven muchas familias. Es inaceptable que se usen excusas para negar educación a niños que deben ser incluidos”, señaló la diputada Carla Morales.
Por su parte, la diputada Catalina del Real destacó la importancia de contar con datos concretos: “Es fundamental entender cuántas familias han debido enfrentar situaciones similares. Necesitamos cifras sobre denuncias, sanciones y medidas aplicadas a colegios que incurren en prácticas discriminatorias”.
Garantizar una educación inclusiva real
Las legisladoras esperan que el requerimiento al Ministerio impulse una revisión profunda del cumplimiento de la Ley TEA. Lo anterior promoviendo nuevas políticas que aseguren la educación inclusiva sin discriminación.
“El acceso a la educación no puede depender de la condición de un niño o niña. La Ley TEA debe cumplirse plenamente, y el Estado tiene la obligación de fiscalizar que así sea”, enfatizó Morales.
