Una querella fue presentada este viernes ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar en contra del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, a raíz de la demolición de viviendas del sector El Olivar, proyecto habitacional vinculado a la reconstrucción tras el megaincendio que afectó a la Región de Valparaíso en 2024.
Según reporta T13, la acción judicial fue interpuesta por la empresa Social Arquitectura Limitada (SARQ), responsable de parte de las obras, y también apunta al seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz, y al director subrogante del Serviu regional, Rodrigo Muñoz.
Acusan irregularidades en la paralización y demolición de viviendas
Según la presentación judicial, los querellados habrían incurrido en una serie de actuaciones irregulares relacionadas con la paralización de las obras y la posterior demolición de 356 viviendas sociales destinadas a familias damnificadas por los incendios.
La abogada Erika Maira, representante de la empresa, sostuvo que la querella busca que el Ministerio Público investigue eventuales delitos vinculados a la toma de decisiones adoptadas durante el proceso de reconstrucción.
Entre las figuras penales mencionadas en la acción judicial figuran prevaricación administrativa, falsificación ideológica de instrumento público, uso de instrumento público falso y fraude al Fisco.
De acuerdo con el escrito, las viviendas demolidas podían haber sido reparadas mediante refuerzos estructurales, situación que, según los querellantes, habría sido respaldada por informes técnicos. La acción legal sostiene además que la demolición provocó un perjuicio económico al Estado.
Investigación deberá determinar veracidad de las acusaciones
La querella también afirma que existieron presuntas presiones para elaborar informes técnicos que justificaran la paralización de las obras y la posterior salida de las empresas involucradas en el proyecto habitacional.
Los antecedentes ahora deberán ser analizados por la justicia y por el Ministerio Público, organismo que determinará si existen méritos para iniciar una investigación penal respecto de los hechos denunciados.
Hasta el momento, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo no se ha informado públicamente una respuesta oficial respecto de la acción judicial presentada en Viña del Mar.
