El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos anunció la suspensión de la tramitación de los decretos de rebaja de condena y una serie de medidas legislativas que serán impulsadas con discusión inmediata en el Congreso Nacional.
La decisión fue comunicada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, quien explicó que el análisis de la normativa vigente permitió identificar un vacío legal relacionado con la aplicación de las restricciones a las rebajas de condena para personas sentenciadas antes de 2022.
Según explicó el Ministerio, las medidas buscan impedir que personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes continúen accediendo a estos beneficios.
El ministro Fernando Rabat señaló: “Lo que haremos ahora es abordar este problema, promoviendo y dando urgencia a una serie de proyectos de ley para impedir que se sigan otorgando estos beneficios a personas condenadas antes del año 2022″.
“Mientras tanto, vamos a dejar suspendida la tramitación de estos decretos, porque con la discusión inmediata de las iniciativas podremos zanjar esta situación en un breve tiempo y darle tranquilidad a la ciudadanía”, añadió.
En paralelo, el Ministerio de Justicia anunció que impulsará modificaciones legislativas para resolver la situación detectada. Entre las medidas se contempla un proyecto de ley para modificar el procedimiento necesario para obtener el beneficio de reducción de condena por conducta intachable, además de revisar las causales que excluyen de este beneficio.
La propuesta también considera establecer una regla de temporalidad que permita determinar qué requisitos serán exigibles a los postulantes, junto con normas destinadas a garantizar el derecho a ser oída por parte de la víctima. A esto se sumarán indicaciones e iniciativas legislativas destinadas a restringir estos beneficios.
Además, el Ejecutivo anunció que impulsará el proyecto de ley que crea los Tribunales de Ejecución de Penas, una moción parlamentaria de carácter transversal que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional en el Senado.
De acuerdo con el documento, esta iniciativa contempla un procedimiento especial para que las solicitudes relacionadas con el beneficio establecido en la Ley N° 19.856, la libertad condicional y los demás beneficios penitenciarios sean conocidas y resueltas por jueces.
De esta forma, las decisiones dejarían de estar a cargo de las actuales comisiones especiales establecidas por la legislación y pasarían a ser conocidas por los tribunales de justicia.
