En plena recta final de la campaña presidencial y parlamentaria, distintas autoridades locales y del Gobierno han quedado bajo la lupa por presunto intervencionismo electoral y uso indebido de recursos públicos. Las acusaciones se han multiplicado en las últimas semanas, dando origen a nuevas denuncias y sumarios administrativos.
Municipios en la mira de Contraloría
Uno de los casos más recientes se registró en Antofagasta, donde la diputada Daniela Castro presentó una denuncia ante la Contraloría General de la República por supuestas irregularidades en la Municipalidad de Antofagasta.
El escrito apunta al alcalde Sacha Razmilic (Evópoli), a la directora de Desarrollo Comunitario (Dideco) y candidata a diputada Yantiel Calderón, además de siete funcionarios municipales y de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS).
De acuerdo con la denuncia, Calderón habría mantenido contacto e instrucciones hacia personal municipal mientras se encontraba con permiso sin goce de sueldo por su candidatura. La presentación incluye capturas de conversaciones en WhatsApp en un grupo titulado “Yantiel 2025”.
En Villa Alemana, cuatro concejales pidieron al ente contralor que investigue al alcalde Nelson Estay (Ind.-Chile Vamos) por presunto uso de su cargo para promover a candidatos de su sector político. En su solicitud detallan que el jefe comunal apoyó públicamente a Evelyn Matthei, Andrés Longton y Luis Pardo durante una entrevista realizada desde su oficina municipal, usando indumentaria institucional. También lo acusan de haber acompañado a José Antonio Kast en actividades dentro de establecimientos municipales.
Mientras tanto, en Molina (Región del Maule), el alcalde Felipe Méndez (Ind.) confirmó la destitución de tres funcionarios tras comprobarse la existencia de propaganda política en dependencias municipales. Los sumarios internos concluyeron que hubo uso de espacios públicos con fines electorales.
En la Región Metropolitana, la administración de Puente Alto, dirigida por Matías Toledo (Ind.), mantiene abierto un sumario desde hace seis meses luego de detectarse material gráfico vinculado a campañas políticas en computadores institucionales. Según Ciper, los archivos estarían relacionados principalmente con candidatos de Renovación Nacional y de Chile Vamos, además de referencias menores a la candidatura de Evelyn Matthei.
Ofensiva política y cuestionamientos al Gobierno
Las denuncias por intervencionismo también han alcanzado al Gobierno del Presidente Gabriel Boric, acusado por la oposición de favorecer a la candidata oficialista Jeannette Jara, exministra del Trabajo.
Las críticas se intensificaron tras la cadena nacional sobre el Presupuesto 2026, donde el Mandatario aludió a la propuesta de José Antonio Kast de reducir el gasto fiscal en 6.000 millones de dólares. “Un Estado responsable no abandona a su gente (…). Es imposible recortar 6.000 millones de dólares sin afectar derechos sociales”, sostuvo Boric, lo que fue interpretado como un mensaje electoral.
El líder republicano respondió: “Póngase a trabajar y no se meta en la campaña”, mientras desde el comando de Jara reconocieron incomodidad ante el tono del Presidente. El senador Ricardo Lagos Weber (PPD) admitió que las intervenciones “distraen”, y la senadora Alejandra Sepúlveda las calificó como “un abrazo del oso”.
Frente a la controversia, la ministra vocera Camila Vallejo defendió al Ejecutivo: “No me puedo hacer cargo de las incomodidades de un comando, pero sí separar las aguas: una cosa son las tareas de Gobierno y otra las de campaña”, dijo en Radio Infinita.
Panorama general
A menos de un mes de las elecciones, el clima político se ha tensado por las denuncias cruzadas de intervencionismo y presunto uso de recursos públicos con fines electorales. La Contraloría General de la República ya investiga varios de estos casos, cuyos resultados podrían traducirse en sanciones disciplinarias antes del cierre del proceso electoral.
