El Congreso Nacional aprobó y despachó durante la tarde del miércoles la ley de usurpaciones que regula los delitos de ocupaciones ilegales de inmuebles, además fija nuevas penas y formas comisivas, incorporando mecanismos eficientes de restitución.
De esta manera, la iniciativa fue aprobada por 35 votos a favor y obtuvo seis abstenciones, quedando en condiciones para ser remitido al Ejecutivo para su promulgación.
Sin embargo, desde el Gobierno anunciaron que presentarán un veto presidencial a un tema específico.
“El Gobierno no va a vetar que se pueda detener a quien usurpa, no va a vetar que sea un delito permanente, no va a vetar que se excluya a los campamentos. Lo que va a vetar el Ejecutivo es que se permita que las personas, por mano propia, con bandas armadas y de manera indefinida en el tiempo, puedan ir por sus propias manos a reivindicar sus derechos, porque para eso están el Derecho, las policías, los tribunales; para eso en las sociedades civilizadas se ha establecido el monopolio del uso de la fuerza en las policías”, explicó luego la votación en Sala la ministra del Interior, Carolina Tohá.
SNA valora aprobación de la ley de usurpaciones
Al respecto, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker Prieto, valoró la aprobación y despacho de esta normativa, argumentando que ahora habrá “herramientas para hacer frente este flagelo” y robustece “el Estado de Derecho”.
“La usurpación es un problema constante en las zonas rurales de nuestro país y requiere inmediata acción por parte del Estado”, dijo el titular de la SNA.
Así, sostuvo que “la ley aprobada en el Congreso entrega las herramientas para hacer frente a este flagelo y fortalece el Estado de Derecho, indispensable para el desarrollo productivo del país, atraer inversiones y generar empleos.
“El veto anunciado por el Gobierno sólo extenderá un problema cuya solución hoy está sobre la mesa“, advierte Walker.
Finalmente, el presidente de la SNA invita a las autoridades analizar “los efectos positivos que han traído iniciativas como la Ley de Robo de Madera y la Ley Naín-Retamal, que también fueron cuestionadas en su momento y han mostrado ser herramientas eficientes para combatir la delincuencia”.
