La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, abordó en La Mañana de Agricultura la nueva ley corta de Seguridad Privada, la cual busca modificar y ampliar los plazos claves respecto de la implementación del marco regulatorio.
“Cuando nosotros llegamos ahora en marzo, nos dimos cuenta de que había una dificultad logística, también tuvimos la posibilidad de reunirnos con los entes obligados, porque verificamos que había problemas“, comentó.
“Había un reglamento que se había dictado, que se había ingresado a la Contraloría, pero cuando llegamos nos encontramos con dificultades técnicas de tipo tecnológicas”, detalló Quintana.
“Eso ha significado un retraso en todo lo que significa la habilitación, la certificación y la acreditación de las personas que tienen que realizar la actividad de seguridad privada”, declaró.
“Es una ley que es muy relevante desde el punto de vista del orden y del control, y además, implica participación de entes privados como coadyuvantes del orden público. Entonces, se genera un descalabro importante si es que esto no está funcionando como corresponde, porque la ley ya está en vigencia”, advirtió.
De igual manera, la autoridad explicó que la ley corta “tiene la intención de que las personas que tenían que estar habilitadas ahora, en el 28 de mayo, no pierdan su posibilidad de trabajar, su certificación”.
“Si ellos no se encuentran certificados y habilitados, no van a poder trabajar. Y son aproximadamente más de 33 mil personas. El reglamento ya lo tenemos listo y lo vamos a ingresar el 14 o 15 de mayo”, adelantó la subsecretaria.
“De hecho, ya han participado en ello todos los entes obligados. Pero esto es en la coyuntura. Esto es en la emergencia para que estas personas no dejen de trabajar”, cerró.
