El subsecretario del Interior, Máximo Pavez abordó la polémica generada por la indicación del Gobierno que busca permitir que recintos educacionales y de salud entreguen datos de contacto de migrantes en situación irregular a la autoridad migratoria.
La autoridad aseguró que “en ningún caso” la iniciativa establece una obligación de denunciar o reportar migrantes irregulares, como se difundió en distintos medios de comunicación según él.
“Jamás en la indicación ha habido una obligación distinta que, cuando la autoridad migratoria, para materializar un proceso específico respecto a una persona, requiere un dato de contacto, un teléfono, un correo para entregarle una notificación, las personas puedan responder”, manifestó en conversación con TVN.
Dichos de Ministra Chomalí
Respecto a las advertencias planteadas por la ministra de Salud, May Chomalí, Pavez sostuvo que comparte las preocupaciones sanitarias expresadas por la secretaria de Estado, aunque afirmó que no existe contradicción entre sus dichos y la propuesta impulsada por el Ejecutivo.
“La ministra ha levantado una preocupación legítima, que nosotros compartimos”, indicó, agregando que “la transcripción textual de la entrevista a la ministra Chomalí no se opone en nada a lo que está proponiendo el Gobierno en este proyecto y a lo que dijo el Presidente en Atacama”.
Además, comparó la medida con facultades que actualmente posee la Fiscalía en investigaciones penales, indicando que distintos organismos públicos ya están obligados a entregar antecedentes cuando son requeridos por autoridades competentes.
Pavez insistió en que el objetivo de la norma es únicamente contar con información de contacto para concretar notificaciones dentro de procedimientos migratorios.
“Necesitamos, como dijo el Presidente de la República, para poder materializar procedimientos donde la gente se puede defender, donde la gente puede hacer alegaciones, saber dónde están”, afirmó.
Posibles efectos en salud
Finalmente, descartó que la iniciativa pueda generar efectos negativos en el acceso a salud o educación por parte de personas migrantes.
“No creemos que se produzca ese efecto (…) en ningún caso existe una obligación de reportar o denunciar. Aquí lo que nosotros queremos es tener un dato de contacto para una notificación”, concluyó.
