La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, junto al Delegado Presidencial Regional, Julio Anativia, encabezaron la primera sesión de la Mesa de Conectividad y Seguridad Pública en la Región del Biobío, realizada en la Delegación Presidencial Regional.
La iniciativa tiene como objetivo establecer una hoja de ruta que aborde los principales problemas de red que enfrenta la región: el robo y vandalismo de infraestructura digital.
Algunas de las medidas establecidas desde Subtel son el fortalecimiento de las acciones de fiscalización, impulsar el traslado de sitios móviles que han sido vandalizados de forma repetitiva por parte de las empresas de telecomunicaciones, junto con posibles medidas legislativas, como establecer la obligatoriedad de que este tipo de baterías de respaldo circulen con guía de despacho y/o compra.
Por su parte, policías, alcaldes y representantes de Gobierno, comprometieron medidas y seguimiento para contrarrestar los vandalismos.
Esta es la segunda Mesa de Conectividad y Seguridad Pública establecida a nivel regional, después de Coquimbo, y se espera ampliar a nuevas regiones en las próximas semanas.
Impacto en la Región del Biobío
Según datos de Chile Telcos, la Región del Biobío se encuentra entre las cinco más afectadas por vandalización de infraestructura de telecomunicaciones y robo de baterías, concentrando el 18% de estos eventos a nivel nacional, pese a contar con solo el 8% de las antenas del país. Además, un 13% de la infraestructura móvil de la región ha sido afectada por este tipo de delitos, lo que da cuenta de la especial gravedad del problema en el territorio.
En la región, entre 2025 y junio de 2026 se registró el robo de 1.281 baterías, equivalente al 14,5% del total nacional. Las comunas de Coronel y Talcahuano concentran la mayor cantidad de casos, junto con Nacimiento, Los Ángeles, Hualqui, Tomé y Concepción.
Vandalismos a nivel nacional
Datos de Chile Telcos también revelan que a nivel país, entre 2025 y los primeros cinco meses de 2026 se registraron cerca de 3.000 eventos vandálicos y 8.739 baterías robadas, generando pérdidas directas a la industria superiores a US$45 millones. El impacto económico directo nacional solo en lo que va de 2026 ya supera los US$6 millones.
