El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), junto al Aeropuerto de Santiago, anunció este jueves un plan para combatir el transporte ilegal y proteger a los pasajeros, especialmente turistas, que utilizan taxis desde el terminal aéreo. Entre ellas destaca la implementación del Validador Operacional de Transporte (VOT), una plataforma que permitirá pagar anticipadamente las carreras con tarifas previamente calculadas y validadas por personal del aeropuerto.
El plan comenzará a operar el 12 de junio en el Terminal Internacional, y su expansión al Terminal Nacional está prevista para el segundo semestre de 2025. La iniciativa apunta a erradicar las estafas y cobros abusivos que afectan principalmente a visitantes extranjeros.
“Hemos escuchado en más de una ocasión de turistas extranjeros que al salir del aeropuerto terminan en manos de personas que les ofrecen un servicio de transporte en condiciones que terminan transformándose en una estafa“, declaró el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz. “Este esfuerzo busca dar tranquilidad y seguridad a quienes salen del aeropuerto, asegurando una tarifa justa y condiciones adecuadas”, agregó.
El sistema funcionará mediante counters habilitados donde los pasajeros informarán su destino y podrán pagar la carrera en efectivo, con tarjeta o transferencia. Luego, serán derivados a un taxi autorizado. Según explicó Nicolás Claude, gerente general de Nuevo Pudahuel, la tecnología contemplada en el plan ofrecerá mayor seguridad y un canal formal de denuncias si fuera necesario.
Proyecto de ley con sanciones más duras
Junto a la implementación del VOT, el MTT también presentó un proyecto de ley que endurece las sanciones para quienes realicen transporte informal en aeropuertos, terminales de buses y estaciones ferroviarias.
La propuesta modifica la Ley N°19.040, elevando las multas por transporte ilegal a rangos entre 5 y 100 UTM (desde $343 mil hasta casi $6,9 millones), dependiendo del tipo de infracción. De igual forma, aquellos que intermedien o promuevan este tipo de servicios serán sancionados, así como los pasajeros que, sabiendo la ilegalidad del transporte, decidan utilizarlo.
“El valor que tiene esta medida es proporcional a la pérdida de prestigio que significa para nuestro país cuando este tipo de servicios se ofrecen”, recalcó Muñoz. La reincidencia podría llevar a sanciones por el máximo legal: 100 UTM.
Con esto, el Gobierno busca reforzar la seguridad y confianza en los servicios de transporte público y oficial en espacios clave para el turismo. “Nos anima que nuestro país se consolide como un destino atractivo, seguro y confiable”, concluyó el titular de Transportes.
