Este martes comenzó la demolición de la toma Calicheros, en Quilpué, en los terrenos del asesinado empresario Alejandro Correa. El operativo, respaldado por 300 carabineros, responde a una orden judicial por peligro de remoción en masa.
El lunes se realizó un catastro de las familias del lugar. Varias se negaron a abandonar sus casas previo a la demolición. El delegado de Marga Marga, Fidel Cueto, señaló: “no puede haber demolición con personas adentro, por lo tanto, hay que sacarlas”.
Aclaró que no existe una orden de desalojo, pero sí de demolición, lo que permite retirar por la fuerza a quienes se opongan. La vocera de la toma, Yasmín Durán, respondió: “aquí nunca hubo una orden de desalojo. No tenemos dónde irnos”.
El teniente coronel Mauricio Burgos advirtió que Carabineros usará la fuerza pública si hay resistencia. Quienes no se retiren, podrían ser detenidos.
La alcaldesa Carolina Corti aseguró que el albergue municipal está habilitado en un 90 %, con kits de aseo y duchas para las familias.
El Serviu de Valparaíso adjudicó las obras a Río Grande SpA por $131 millones. La demolición durará dos días, seguida de cinco días de limpieza. Después, se instalará un cierre perimetral definitivo en el terreno.
